Las funciones y tareas que competen al Tribunal Supremo Electoral son complejas, y trascienden las de un mero órgano jurisdiccional de rango constitucional, para abarcar también las áreas administrativa, docente, política y de investigación, teniendo el reto de desarrollarlas todas simultáneamente con excelencia y pertinencia.
Magistrada del TSE
El Tribunal desarrolla su trabajo en alianza con diversas instancias, tanto académicas, como cívico políticas y agencias de cooperación técnica y financiera. Por medio de estas acciones se aspira a contribuir a fortalecer el Sistema de Partidos Políticos y el nivel político de la población de tal forma que la ciudadanía tenga un significado y una práctica que incida en forma efectiva en el desarrollo democrático de Guatemala.
Entre estas funciones, se encuentra la de formación cívico- política de la población, la cual se desarrolla por medio del Instituto Electoral; en ese sentido se ejecutan diversas acciones de capacitación, complementadas con investigación, todo esto con un enfoque de inclusión hacia pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres y jóvenes.
Unido a lo anterior, el Tribunal es el ente de Estado al que corresponde tanto el relacionamiento, como la regulación del funcionamiento de las organizaciones políticas. Esto se produce en una forma cotidiana a través de los diferentes actos y decisiones que trae aparejada la vida partidaria, tales como desarrollo de asambleas ordinarias y extraordinarias en los distintos ámbitos de acción de los partidos políticos, procesos de afiliación, legalización de los distintos órganos, también a través de la función jurisdiccional y demás actividades.
Corresponde también al Tribunal todo lo referente a la importante labor de convocar, organizar y desarrollar tanto las elecciones generales, como eventos electorales específicos y las consultas populares. En este sentido a través del Magistrado Vocal I, Licenciado Julio Solórzano, persona que posee sustantiva experiencia en ese campo, se ha llegado también a desarrollar una labor de asesoría a diversos actores sociales y políticos tales como colegios profesionales, entidades gremiales y cívicas y acciones decididas de inclusión de personas con discapacidad en todas las etapas del proceso eleccionario.
Dentro de estas tareas, el Tribunal debe, como máxima autoridad de rango constitucional en materia político electoral, desarrollar también acciones encaminadas a la evolución de nuestro Sistema Político, y es en ese sentido que tiene que incidir en forma efectiva, no solamente en elevar la calidad de los procesos eleccionarios en un sentido de eficacia y eficiencia, sino también el fortalecimiento del Sistema Político, lo cual tiene la oportunidad de hacer en dos sentidos: trabajando con las organizaciones políticas y simultáneamente con la población.
Actualmente el Sistema de Partidos Políticos, aún no tiene las fortalezas necesarias para contribuir en forma eficaz al desarrollo democrático de Guatemala; algunas de las evidencias empíricas que tenemos sobre esto, es la debilidad de las estructuras partidarias, la no articulación de un debate político de fondo orientado hacia los problemas estructurales del país, la pérdida de su función de intermediación con la población y el deterioro de la funcionalidad y credibilidad de las instituciones de Estado que son dirigidas y conformadas por cuadros partidarios.
Sin embargo, si presenciamos desde hace varias décadas el crecimiento exponencial del trabajo dirigido hacia la promoción política eleccionaria, este fenómeno actualmente se ha desbordado de tal forma que casi podemos decir que se tiene campaña electoral permanente tanto de parte de los partidos políticos, cómo de las autoridades de gobierno central y municipalidades. Lo que viola lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Con un ritmo de crecimiento perverso, se ha despojado el discurso político de ideas de trascendencia enfocadas en nuestra problemática y retos de país, y presenciamos tan solo un desfile de eslogan, promesas y acciones que con propiedad se pueden calificar de populistas y clientelares. Esta situación, además de no contribuir a nuestro desarrollo democrático, no favorece el desarrollo de una ciudanía activa y consciente, al contrario, siembra en la juventud, que presencia estas acciones, una visión distorsionada del quehacer político y de la política.
Es aquí donde el Tribunal Supremo Electoral tiene actualmente uno de sus mayores retos, pues debe incidir en forma central en el abandono de estas prácticas y contribuir a devolver a la política su verdadero sentido renovador y medular, en el cual los partidos políticos enfoquen sus acciones prioritariamente a la construcción y fortalecimiento de sus principios ideológicos, al debate serio sobre los retos de nación, tales como el combate a la pobreza, la desnutrición, el bajo nivel educativo, a la corrupción, el crecimiento económico con equidad entre otros y a la construcción de planes de gobierno con políticas públicas de largo plazo. En una palabra, devolver la dignidad y esencia al quehacer político.
No se duda que tienen estas capacidades, solamente es necesario que fortalezcan el trabajo que actualmente realizan en forma permanente, enriqueciéndolo por ejemplo con acciones de formación de sus cuadros y desarrollo de debates políticos no solamente en la ciudad capital, sino en el interior de la república. Solo así se fortalecerán como organizaciones sólidas y no de breve vida, como actualmente sucede.
De lo anterior se deduce la importancia que tiene detener la campaña electoral anticipada, como un esfuerzo común, al que animamos a toda la población a participar, estando conscientes de que significa una oportunidad para que los actores políticos puedan enfocarse en acciones sustantivas, que contribuyen a fortalecer el desarrollo democrático de Guatemala.