El libre comercio internacional, nació a finales de la Segunda Guerra Mundial. Sus antecedentes, por lo tanto, se pueden constatar con la obra histórica de Winston Churchill que reflexionó sobre los errores cometidos por los poderes victoriosos de la Primera Guerra Mundial y aconsejó a los triunfadores de la Segunda que fueran magnánimos con los vencidos. Este sabio consejo fue seguido por la administración Truman, la cual implementó el Plan Marshall que hizo posible reconstruir la Europa Occidental.
Como consecuencia de lo anteriormente escrito, los Aliados de la Segunda Guerra Mundial, también, crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que quedaron a cargo de preservar la estabilidad de las monedas y sistemas financieros del mundo, y de ayudar a la reconstrucción de Europa y a la expansión económica de las naciones en desarrollo.
Por otra parte, nació el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio «GATT», en el año de 1947 como un conjunto de reglas para regular el comercio internacional y que ha servido por más de cuarenta y ocho años, según diversos tratadistas, como fuente de las normas más influyentes en el comercio internacional.
La misión del GATT fue reducir aranceles y eliminar tanto las barreras no arancelarias como las cuotas y otras restricciones administrativas impuestas al libre flujo de mercancías.
En cuanto al papel que deberá jugar el Estado de Guatemala, podemos agregar que debe tomarse muy en cuenta que el TLC comparte con el GATT la meta de reducir los aranceles y las barreras no arancelarias y se centra, en el caso de estudio, en la región norteamericana.
Sin embargo, resulta de mucho interés estimar que los primeros países que suscribieran el tratado relacionado y su Convenio Norteamericano sobre Cooperación Ambiental también incluye reglas para preservar y mejorar las condiciones ambientales en todas las naciones miembros por primera vez en la historia de los tratados comerciales multinacionales.
Precisamente, es que desde hace varios años hemos venido insistiendo en el tema ambiental desde esta columna de LA HORA, pues la globalización como parte de todo ese movimiento comercial de ninguna manera puede excluir lo relativo al ambiente.
Nuestro país, en suma, es parte del Tratado de Libre Comercio a nivel regional, como será del conocimiento de mis estimados lectores, y, hay algo quizás que vale la pena recalcar, su capítulo XVII incluye al Ambiente, según fuera publicado por el Diario de Centroamérica a finales del año 2005.
En consecuencia, no se trata de un capricho personal ni de llevar la contra como suele suceder en el entorno nacional, es más, muchos países, como el caso de México, han actualizado su legislación ambiental al haber enmendado su Ley de equilibrio Ecológico, caso que no ha sucedido con Guatemala, que a la fecha carece de una legislación específica y debidamente reglamentada que nos permita encarar el futuro del libre comercio de las presentes y futuras generaciones en materia de ambiente.
Siguiendo, por otro lado, la tradicional tendencia constitucional y administrativa de que la ley es general y los reglamentos son de carácter técnico y producto de aquella, nos atrevemos a sostener que, lo que se ha venido viviendo en tragedias y desastres naturales, deviene de esa falta absoluta de reglamentos técnicos que normen adecuadamente una ley orgánica ambiental que en su contexto general adolece de fallas verdaderamente inexcusables.
Precisamente, es que debemos otorgar un voto favorable a las Universidades que ya cuentan con la especialidad ambiental y los estudios del Derecho Ambiental, a efecto de preparar a los profesionales que egresen de ellas en la novísima rama jurídica últimamente mencionada y que esperamos que el Nuevo Año nos traiga la ansiada paz y la comprensión de todos y cada uno de los guatemaltecos para poder mejorar el entorno en el que nuestras generaciones se vienen desarrollando.
Guatemala, con sus maravillosos recursos naturales, se merece un mejor destino.