Detrás del servicio de transporte público que se presta con los viejos buses rojos, las escasas unidades azules del Transurbano y los sobrecargados colectivos articulados verdes del Transmetro, analistas consideran que hay negocios generando importantes beneficios económicos y electorales para grupos políticos y empresariales.

El transporte colectivo público es un servicio vital para millones de guatemaltecos que a diario necesitan movilizarse en la Capital, y por ende, es un negocio estratégico con el que algunos grupos consiguen importantes réditos, tanto en el plano político como empresarial.

El servicio básico de transporte en la Capital lo prestan las empresas de transporte que ponen buses rojos a disposición de los usuarios, pero son objeto de constantes críticas por la precaria condición física de las unidades de transporte y por la deficiente atención con que se trata a los pasajeros.

De acuerdo con pilotos consultados, el problema radica en que no perciben un salario fijo, sino que sus ingresos dependen de la cantidad de pasajeros que transportan. Por ejemplo, “el dueño del bus nos pide una cantidad diaria (de dinero) y nosotros se la tenemos que conseguir con pasajes. A nosotros nos queda lo que se consigue después”, dice uno de los entrevistados.

Eso hace que muchos de los conductores y ayudantes prioricen la captación de pasajeros sobre la prestación de un buen servicio. Por su parte, los empresarios además de percibir los ingresos por el pasaje –que usualmente es de Q1 y puede llegar a Q5–, reciben un subsidio estatal, que el Gobierno entrega a través de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU).

Los autobuses azules del Transurbano también pertenecen a empresas privadas que reciben un subsidio por el funcionamiento de las unidades de transporte pero, además, gozan de exenciones fiscales por la importación de vehículos y cuentan con el respaldo del Gobierno al adquirir préstamos internacionales.

Este servicio, además, goza con una subvención especial por utilizar un sistema de cobro prepago, que en cierta medida supone una medida de seguridad para los usuarios y los pilotos reciben un pago fijo.

El problema radica en que son escasas las unidades de transporte. “Es imposible ir a la zona 12 en un bus de estos porque son pocos y van sobrecargados”, dijo Samuel Cartagena, un joven que esperaba el colectivo en la zona 1.

El servicio de la Municipalidad de Guatemala se presta con los buses articulados del Transmetro, caracterizados por el color verde, que cubren rutas fijas que van del norte al sur de la Capital. Los usuarios solo deben pagar Q1 para utilizar el servicio, sin importar la distancia recorrida.

Este proyecto es uno de los más promocionados por la Municipalidad de Guatemala y cuenta con buena aceptación de los usuarios, quienes en buena medida perciben que se trata de un plan para ganar simpatías hacia el Alcalde, que se caracteriza por su constante reelección en el cargo.

Se consultó a la Municipalidad sobre el costo que implica el uso de los buses articulados del Transmetro, pero no hubo respuesta.

DOS MILLONES

Según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), las condiciones precarias del transporte afectan a más de dos millones de usuarios solo en el área metropolitana, ya que a nivel nacional existen más de 6 millones de personas que utilizan los servicios del transporte público formal o alternativo.

En los últimos 25 años, desde el surgimiento del mismo subsidio para el transporte público se ha desbordado la politización del servicio y se han condicionado ayudas en donde los grandes perjudicados con degradación del servicio han sido los usuarios, dice Edgar Guerra, titular de la Defensoría del Usuario del transporte público de la PDH.

“Hemos visto que Gobiernos han comprometido recursos importantes en este tema, como el subsidio y exoneración de impuestos en la importación de autobuses; al final ha quedado una deuda hacia los usuarios de parte de los políticos y empresarios, que ofrecen mejoras y no cumplen”, señala Guerra.

Un ejemplo es el subsidio al adulto mayor, que a pesar implicar aportes de entre Q21 a Q31 millones para los empresarios, no ha resuelto la problemática del transporte para esta sector de la población.

“No ha habido un componente de fiscalización ni de verificación para constatar que el servicio está llegando a los adultos mayores, más bien se ha significado riesgo y daño para ellos por parte de pilotos y ayudantes, que los tratan mal al enseñar el carnet con el que se garantiza su pasaje sin pago”, indica Guerra.

A criterio del Defensor, hay leyes que benefician a los transportistas y no a los usuarios, y esto probablemente se da a cambio del acarreo de personas que asisten a votar en época de elecciones.

Otro tema es el sistema Transmetro, que ante la ausencia de un buen transporte capitalino ha sido potencializado por las autoridades ediles de la Capital; ante la opinión pública mantiene un mejor servicio en cuanto a la seguridad y tiempos que se manejan en relación a otros tipos de transporte incluido el Transurbano.

“Transurbano vino  a tratar de convencer al pueblo de Guatemala con ofrecimientos muy atrayentes, pero al final le quedaron debiendo a los usuarios del transporte; principalmente en la ejecución que no se presentó tal como se había planificado, entre otras cosas, en detrimento de la ciudadanía”, señala.

Además, indica que este sistema de transporte se implementa a medias, porque no se llega ni al cincuenta por ciento de la ejecución programada. “Quizá represente solo el 14 por ciento de lo que se prometió en cuanto a la flota vehicular”, asegura Guerra.

La política partidista no debería de estar con nexos y negocios con empresarios del transporte público, sino más bien deberían de estar involucrados en políticas públicas en donde los políticos deberían analizar y sentar bases para que el transporte colectivo mejore, puntualizó.

CORRUPCIÓN DEL SISTEMA
   
Eduardo Velázquez, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Usac, indica que los nexos entre políticos y empresarios de transporte público representan un grave problema que evidencia la corrupción en el país.

Velásquez sostiene que la AEAU participó en el acarreo de votantes en distintas campañas y eso hace que los políticos mantengan deudas pendientes con los empresarios, quienes han logrado penetrar el aparato del Estado a través de distintos ministerios, pero especialmente en el de Comunicaciones, que actualmente se encarga de trasladar los subsidios.

“La Contraloría General de Cuantas no controla ni regula nada de esos fondos públicos (subsidios) que se les entrega a los empresarios, que son supuestamente para reembolsarles el costo del combustible. Prácticamente se ha jugado con el patrimonio público, sin que haya una contrapartida para la población en términos de beneficio del mismo”, acotó Velásquez.

A criterio del experto, sería ideal que el Estado tomara el control del servicio de transporte a través de la Empresa Municipal del Transporte.

En lo que respecta al sistema Transmetro, Velásquez considera que se encuentra en decadencia, aunque nadie esté en contra de ese sistema.

Además de los ejes del Transmetro, se debe trabajar en los cruces entre ellos; “falta el eje de la Roosevelt o de la Calzada San Juan, de la Calle Martí, bulevar los Próceres, entre otros”, indica.

A criterio de Velásquez, la Municipalidad ha hecho un trabajo pobre de expansión del Transmetro, sin embargo, es un transporte que genera votos al Alcalde.

Por su parte, Yohana Cabañas, de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (AUTUE), lamenta que el servicio de transporte público mantenga vínculos con los políticos.
 
Con estas situaciones se puede observar que existen nexos políticos entre los empresarios y quienes participan en las contiendas electorales a cambio de favores como la entrega del subsidio y leyes que benefician a los empresarios en menoscabo de los usuarios del transporte, señala Cabañas.

A decir de la entrevistada, los nexos que los políticos mantienen con empresas dedicadas al servicio de transporte público giran en torno a los millones de quetzales que se “juegan mes a mes. “La corrupción la podemos ver desde el tema de la violencia hasta en el dinero mensual que les ingresa mes a mes a cada transporte”, señala Cabañas.

SIN VÍNCULOS CON LA POLÍTICA

Luis Gómez, presidente de AEAU, dice que la relación entre transportistas y la política se reduce al tema de la tarifa. “Nosotros somos dependientes de la tarifa que paga el usuario y los políticos a través de mantener un transporte deficitario y con un precio social y no técnico, lo que han hecho es condenar al transporte a prestar un mal servicio”.

Gómez reconoce que “los políticos ganan votos a través de vender un transporte barato, pero no le dan la imagen de un transporte bueno; es la única vinculación que veo políticamente”, dice.

Según Gómez el gobierno nunca ha asistido al transporte otorgándole préstamos para el sistema Transurbano, ya que los préstamos para adquirir unidades de transporte han sido privados. Sin embargo, durante el gobierno de Álvaro Colom se les otorgó $33 millones para el sistema prepago en este servicio.

También indica que los subsidios son necesarios: “Aquí alguien tiene que pagar la tarifa del transporte. La paga el usuario, la paga el Estado a través de la manera subsidiada; porque el obligado a prestar los servicios públicos es el Estado, no la política, y deberá de mantener en buen estado los servicios públicos”.

Gómez indica que a la hora de afectar en el tema tarifario al usuario lo que hace el Estado es subsidiar como lo hace con la electricidad, la salud o educación. “Son servicios básicos públicos”, justifica.

“Eso es un negocio, no es un vínculo. Los partidos políticos hacen contrataciones de buses urbanos, extraurbanos, como también alquilan los canales de televisión o prensa a quienes le alquilan publicidad”, asegura Gómez.  Además, señala que los empresarios del transporte no sacan ningún beneficio al prestar el servicio para los políticos más que el económico. 

MARCA “ARZÚ”

Por su parte, Carlos Sandoval, portavoz de la Municipalidad de Guatemala, el Transmetro es un sistema de frecuencia que es alimentado por el transporte público y no es un sustituto del mismo.

Asimismo asegura que el Transmetro no está generado para campañas políticas. “El proyecto Transmetro es tan efectivo que tiene más de 500 millones de usuarios en siete años y ningún asalto a mano armada”.

“No fue construido por un aspecto político. Al final fue hecho por un alcalde que se ha pronunciado a la reelección por la buena eficiencia de sus proyectos”, agrega Sandoval. “El Transmetro lo hubiera propuesto cualquier persona”.

Pese a sus declaraciones reconoce que el Transmetro es una “marca y un sello” del alcalde Álvaro Arzú. Sandoval dice que “cuando  deje la alcaldía definitivamente, esos buses verdes que circulan en la ciudad tendrán el sello del alcalde Álvaro Arzú”.

“El Transmetro es un proyecto que posiblemente este marcado como Álvaro Arzú, pero a final de cuentas es algo de todos los ciudadanos y no solo de una municipalidad, le pertenece a todos los guatemaltecos, independientemente quien sea el alcalde de la ciudad”, dice el portavoz.