Vemos que sus acciones de crí­tica, de fiscalización tienen nombres y apellidos y que realmente son un actuar polí­tico partidista, que pretenden censurar y debilitar a quienes la cúpula económica desea perjudicar.

La Constitución es precisa al indicar que los diputados son representantes del pueblo, no son servidores de grupos de poder, por ello es que se les otorgan prerrogativas que les salvaguardan en la irresponsabilidad de sus opiniones, en su iniciativa y en la manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo.

Cuando vemos que los diputados que llevan más de un perí­odo han estado en numerosos partidos surge la interrogante de qué es lo que sustenta sus criterios y opiniones, igual sucede cuando tienen oficinas para realizar estudios a favor o en contra de lo que requieren sus patrocinadores o clientes.

El deterioro de los diputados también se produce cuando en cada préstamo, en cada aprobación de bonos y en la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado esto no se logra si cada uno de ellos no recibe un beneficio de la obra a ejecutarse como algo privativo que el legislador va a decidir cuándo, cómo y dónde se hace. Más grave aún, quién lo hace.

Si es cierto o no sólo los representantes en cada uno de los casos pueden saber la verdad. No olvidemos que el señalamiento no ha sido sólo de los medios de comunicación social, sino también ha sido inclusive de algunos padres de la patria, haciendo la salvedad que luchar porque se realice obra pública en el distrito y municipios que el diputado representa no es malo; por el contrario, lo que sí­ es inaceptable es que los precios de ejecución de la obra sean inflados y peor aún que la empresa que los ejecute sea explí­citamente escogida por el diputado o los diputados del distrito electoral de donde ellos provienen.

Otro hecho que también ha deteriorado significativamente la imagen individual y colectiva de los representantes que integran el Organismo Legislativo es el número de personas que cada uno tiene a su servicio, entre asesores, asistentes y demás. Ello sin confundir la necesidad de contar con una secretaria, un asesor y hasta un asistente por legislador, pero cuando la prensa publica que un diputado(a) tiene cinco, diez, quince y hasta 40 personas dependientes de él, la cosa es distinta porque a igual trabajo no sólo igual salario, sino igual ayuda y apoyo humano.

También es censurable e injustificable que algún diputado o diputada, con la excusa que hace diez años se sintió amenazada y logró que se le concedieran medidas de seguridad y protección, diez años después continúe con chofer, vehí­culo, combustibles, elementos de seguridad que le acompañen y que estén permanentemente en su casa y que además ella sea la que los nombre y escoja, pero el Estado paga.