El futuro es cada vez más incierto para un aproximado de un millón 200 mil guatemaltecos indocumentados en los Estados Unidos, mientras que aumenta el número de estados de ese país que promueven leyes antiinmigrantes y no se vislumbra la posibilidad de conceder un estatus de protección temporal (TPS, en inglés) para quienes corren el riesgo de ser expulsados del Norte.

Concretar una estrategia para frenar las deportaciones de inmigrantes desde los Estados Unidos es una tarea pendiente en la Cancillería guatemalteca desde hace ocho años, en los que se ha realizado una serie de esfuerzos y cabildeos infructuosos durante diferentes gestiones de gobierno.

A ello, se le suma la incapacidad que como país se ha tenido para la generación de oportunidades, mismas que además han quedado evidenciadas de manera contundente por un informe de UNICEF presentado esta misma semana.

Entre el 2004 y mayo de este año, la Dirección General de Migración reportó más de 188 mil 400 deportaciones por vía aérea desde la “Unión Americana”; la tendencia de este fenómeno refleja un aumento de expulsiones en el período revisado y eso ha convertido a la migración en un problema fundamental en la política doméstica.

El tema es una prioridad en el actual Gobierno, según la política en Relaciones Exteriores, pero aun con la solicitud presentada directamente a la secretaria de Estado Hilary Clinton y al presidente Barack Obama para que Estados Unidos conceda el TPS, conseguir ese beneficio todavía parece un objetivo lejano para la diplomacia guatemalteca.

Rita Claverie, viceministra de Relaciones Exteriores, señala que “en este momento nos encontramos aun sin haber recibido alguna respuesta de parte del Departamento de Seguridad Nacional, pero entendemos que tendremos una respuesta próximamente”, aunque aclara que “de ninguna manera se puede anticipar” si será favorable o no.

El contexto actual es aún más complejo que el encarado en años anteriores, en vista de la promoción en Estados Unidos de una serie de iniciativas de ley antiinmigrantes que poco a poco parecen prosperar en distintos estados; cada propuesta, de distinta manera, amenaza la permanencia de los indocumentados en Estados Unidos, y por eso el TPS cobra relevancia en la coyuntura actual.

Se estima que en Estados Unidos radican aproximadamente 1.5 millones de guatemaltecos, de los cuales el 80 por ciento se encuentra en una situación migratoria irregular, es decir, un aproximado de 1.2 millones que corre el riesgo de ser deportado.

COSTOSO ERROR

Marta Altolaguirre, exvicecanciller, considera que a pesar del contexto difícil que implica el camino diplomático para obtener el TPS, es necesario redoblar los esfuerzos para allanar las vías a fin de lograr ese objetivo e intentar reparar el costoso error que significó rechazar ese beneficio en el pasado.

La exfuncionaria señala que Guatemala –a diferencia de sus vecinos centroamericanos– no obtuvo ese beneficio porque durante el gobierno del otrora presidente Álvaro Arzú, tras el paso del huracán Mitch, se indicó que el país se “encontraba bien” y que se podía salir adelante, por lo que no se necesitaba de un tratamiento especial en materia migratoria desde Estados Unidos.

“No se meditó las consecuencias para los ciudadanos que viven en los Estados Unidos”, enfatiza. 

Altolaguirre indica que en este momento resulta poco probable, dado las elecciones presidenciales estadounidenses, que pueda esperarse una resolución en el corto plazo sobre la solicitud del TPS, pero cree que tanto las autoridades como las organizaciones de la sociedad civil deben aprovechar estos meses efectivamente, movilizándose y estableciendo los contactos requeridos para impulsar los temas elementales en materia migratoria.

Claverie refiere que la diplomacia ya trabaja en el tema y adelanta información que se ha recopilado sobre el estatus de protección, en vista que de ser aprobado no beneficiaría a todos los guatemaltecos que carecen de documentación en los Estados Unidos.

BENEFICIARIOS Y REQUISITOS

Los beneficiarios serían más o menos unos 500 mil indocumentados, dice la embajadora, aunque señala que  adelantar números puede ser un poco aventurado, ya que todos los detalles solo se sabrán si al país se le otorga ese beneficio “para que los guatemaltecos salgan de la sombra y puedan trabajar libremente”.
La Ley de Migración de los Estados Unidos establece que los ciudadanos de un país al que se le ha otorgado el TPS no podrán ser deportados, pero que este beneficio se concederá si cumplen con ciertos requisitos; el primero es que la persona se encuentre físicamente en los Estados Unidos para cuando se otorgue el TPS, explica Claverie.
Luego esas personas tienen que haber residido de manera continua en la Unión Americana cuando la designación sea publicada y una vez que sean declarados beneficiarios, no van a ser removidos del país durante el período que dure el TPS.

Claverie destaca que la selección de los beneficiarios del estatus pasa por una revisión de su historial delictivo, de tal manera que las personas con antecedentes y registros de problemas con la justicia no podrían acceder al TPS.

SUMAR ESFUERZOS

Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), señala que el tema se complica por la coyuntura política que afronta Estados Unidos, ya que el TPS y la reforma migratoria podrían ser una  especie de palanca de apoyo político para el actual presidente Barack Obama, en vista de una posible reelección.

No obstante, comenta que es un tema político difícil a lo interno de los Estados Unidos y son muchos factores que inciden para que se otorgue un trato especial a los indocumentados.

Gordillo señala que Estados Unidos no tiene ningún interés de otorgar el TPS a Guatemala,  a pesar de que cuenta con todos los requisitos y que es una necesidad para el país.

Juan Luis Carbajal, de la Pastoral de la Movilidad Humana, considera que independientemente de la condición política de los Estados Unidos, Guatemala debe trabajar para mejorar las condiciones de vida de los indocumentados en el exterior.

“Es importante que se trabaje para conseguir el TPS, que le cambiaría la vida a miles de indocumentados y a sus familias, pero también hay que pensar en soluciones más integrales, porque muchos de los indocumentados ya son merecedores de la residencia, por sus aportes y su trabajo honrado”, indicó el religioso.

Aunque aún no se vislumbre con seguridad el estatus de protección para los indocumentados, Carbajal considera que el cabildeo de las autoridades y las organizaciones no se puede detener. “Estamos hablando de un tema de respeto a los derechos humanos y en eso hay que insistir en todo momento”, puntualizó.