Muchos recordamos el famoso libro del expresidente Arévalo, “El Tiburón y las Sardinas”, en el cual se pinta al imperio estadounidense de cuerpo entero, así como la situación centroamericana de entonces, caracterizada por pequeñas e impotentes sardinas. En la famosa fábula, queda margen para que la unión de las sardinas haga posible enfrentar el embate del pez grotescamente mayor. El problema hoy es que el gobierno de Otto Pérez no llega más que a tepocate y, peor aún, en vez de hacer causa común con las sardinas sigue dependiendo del imperio.

Por ello es que el Gobierno ha resentido tanto la decisión de Estados Unidos de condicionar la ayuda a Guatemala, por fallas garrafales en el cumplimiento de compromisos internacionales ineludibles.

Pérez lamenta que, pese a que por “sugerencia” de Washington corrió apresuradamente a sumarse a la Alianza del Pacífico, y otras múltiples concesiones que se hacen al imperio, se le haya condicionado la ayuda económica estadounidense a actuar más enérgicamente en el caso de las adopciones de niños guatemaltecos y con debida responsabilidad en el caso del resarcimiento de víctimas de las políticas represivas del Estado. La Alianza del Pacífico es una modalidad adicional de poder imperial, que además de controlar todas las comunicaciones, públicas y privadas, pretende intensificar el libre flujo de todo lo que el neoliberalismo necesita (capitales, tecnología, información y productos y servicios) menos, pese a que se depende de él económicamente, el flujo de migrantes mesoamericanos hacia el norte. El sometimiento de Pérez a Obama ha hecho que el país haya actuado tibiamente y sin compromiso ante la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), en donde peces grandes y pequeños de la región reconocen que solamente la unión, con la exclusión de los tiburones, hace la fuerza.

Hay que reconocer que si bien Estados Unidos no actúa necesariamente de manera justa y que siempre tiene intereses ocultos, sí tiene razón al criticar al Estado y Gobierno guatemaltecos por faltar a sus compromisos esenciales. Las adopciones de niñas y niños guatemaltecos ha sido otro fenómeno macabro, originado durante el conflicto por la gran cantidad de huérfanos que las acciones contrainsurgentes generaron. En algún momento se mencionó a la familia de Mejía Víctores de estar involucrada en la trata de niños para fines múltiples, incluido el de la donación no voluntaria de órganos. Sin embargo, en nuestro mundo de permanente impunidad, los rumores y señalamientos no llegaron a denuncia ante los tribunales. No se evitó, por tanto, que Guatemala se convirtiera en el segundo exportador de niños en el mundo, solamente superado por Rusia. La segunda condición para limitar la ayuda financiera también es de peso. El Estado guatemalteco tiene la obligación de resarcir a los cientos de miles de víctimas directas del conflicto, en vez de hacerlo con las PAC. Es una deuda política, social y económica de gran envergadura; pero mayor compromiso tiene el Estado en casos, como el de los sobrevivientes del río Chixoy, en los cuales ha habido dictamen vinculatorio de un organismo internacional. El Estado no puede aducir ni razones de tiempo ni de dinero para no pagar. Es una obligación que no se puede esquivar, y que lleva a que cuando asesores del MINEX aconsejan ignorarla, otros Estados recurran a la opción de aplicar sanciones. Al menos, para alivio de Pérez, Washington todavía no parece haber empezado a mover piezas para sacarlo de la presidencia, aunque la presencia de Americas Watch en Guatemala para criticar a presidente y vicepresidenta por sus querellas legales contra la prensa enciende la alarma. Jamás podré favorecer la intervención de Estados Unidos en nuestros asuntos internos; pero pareciera que la paciencia está llegando a su fin en muchos círculos nacionales e internacionales.