El desarrollo del debate sobre la Ley de Planificación Familiar ha tomado auge aunque por mucho, aún se dirime solamente en los medios de comunicación. La polémica sobre la conceptualización de la educación sexual y la planificación de la reproducción como expresiones de una política pública, que provea instrumentos y mecanismos suficientemente amplios, aún requiere de un mayor debate abierto y honesto entre opositores y defensores, de tal manera que la sociedad en su conjunto comprenda la dimensión de lo que está en juego. Con esta primera idea quiero destacar que el debate debe extenderse a todos los rincones, en las escuelas, en las universidades, en todos los departamentos, puede bien ser una temática de investigación para los graduandos de educación media, los consejos de desarrollo departamental y local, alcaldías, asociaciones de distinto tipo, todos debemos discutir sobre el tema de la reproducción y la sexualidad, porque sobre temas como éste radican la posibilidad de desarrollo civilizatorio y la oportunidad de evolucionar hacia una sociedad más abierta.
Argumentar y contrargumentar de manera abierta en temas del orden de la mencionada Ley requiere disposición para botar las propias explicaciones, puesto que el hecho va en beneficio de una colectividad. En el caso de la iglesia esa habilidad se ve imposibilitada porque su propio dogma le limita; además su acción social a través de la historia ha acumulado demasiadas contradicciones que no se han resuelto porque, otra vez, su propia ceguera dogmática le autoengaña y le hace encontrar explicaciones donde no las hay. Por ejemplo, la iglesia reconoce que el Estado es laico privando la separación entre una y otro, pero el argumento que la familia es la célula social en el cual debería radicar la educación a los hijos en materia sexual, esconde sutilmente la estrategia de la iglesia de chantajear al padre y a la madre al cargarles la culpa cristiana, puesto que como engendradores de los hijos, tienen la obligación de educar a los mismos a riesgo de pecar. La estrategia está bien armada porque justifican tal argumento aludiendo el derecho de los padres y la libertad de religión registrados en la Constitución de la República. Si el Estado es en esencia interrelación social, la noción laica del Estado aún no se ha consumado en una sociedad tremendamente conservadora y religiosa.
Un consenso social sobre una política pública que garantice una educación sexual adecuada y abierta, con efectos en la dimensión de la reproducción responsable y al mismo tiempo en un mejor desarrollo psicosocial a partir de la comprensión del placer, tiene pocas posibilidades porque el terreno de la discusión está plagado de autoengaño, doble moral y temor. Es obligado recordar que las iglesias, especialmente la católica, han estado involucradas en varios lugares del mundo en hechos de abuso a menores cometidos por sacerdotes. El debate no puede tener como explicaciones la integridad de la moral o la adicción al sexo; y por otro lado los responsables de la política pública deben saber que el intercambio de esta problemática se da en el campo ideológico y no sólo en el ámbito social, porque es allí donde se darán las repercusiones de las decisiones de Estado.
La iglesia católica no ha escatimado esfuerzos y ya ha lanzado campaña mediática, posicionamiento ideológico y material educativo, bajo el lema «historia y educación para el amor». Lo que está en juego para ella es la confrontación directa de su columna fundamental de dogma cristiano, la culpa, que aglutina finamente las conciencias de cada individuo en una telaraña que sostiene una estructura de mentira y autoengaño. No es menor que el principal detractor de la mencionada ley sea la iglesia, incluida católica y evangélica en eficaz alianza que hoy temen lo peor.