La resolución de la Corte de Constitucionalidad con relación a la extradición de Alfonso Portillo es un llamado de atención a la ciudadaní­a guatemalteca respecto a nuestro propio sistema de justicia, puesto que en el fondo lo que los ciudadanos tenemos que buscar es que el peso de la ley se haga caer sobre todos, léase bien, todos los que han participado en actos de corrupción saqueando el erario público.

En este caso una investigación sobre el rumbo que tomó el dinero y depósitos realizados en bancos de Estados Unidos abren la puerta a un proceso contra un expresidente. Pero obviamente no es el único de los que han gobernado al paí­s que se han enriquecido y, más que eso, la misma ví­a de las transferencias provenientes de los gastos militares fue utilizada por varios de los mandatarios para sustituir los confidenciales suprimidos constitucionalmente.
 
 El problema más serio del paí­s está en la debilidad de nuestro propio sistema de control y fiscalización, porque alienta la impunidad. En el mismo gobierno en el que se suprimió el delito de Enriquecimiento Ilí­cito, de ílvaro Arzú, no sólo se perfeccionó el modelo del uso de los fideicomisos y contrataciones con organismos internacionales, sino que se procedió a la venta de los principales activos del paí­s sin posibilidad alguna de exigir rendición de cuentas por las mismas debilidades del sistema. Y se guardó enorme silencio y, en no pocos casos, hasta se aplaudió el “ingenio” de la fórmula usada para vender la telefónica pasando por alto las normativas constitucionales.
 
 El ideal es que así­ como ahora se exigen cuentas a Portillo se pueda exigir rendición de cuentas a todos los que han pasado por la Presidencia de la República, regulando cuestiones como enriquecimiento ilí­cito y tráfico de influencias, además de mejorar los mecanismos de control para impedir que se puedan alzar con los bienes públicos sin temor a consecuencias legales. Cuando algunos se muestran tolerantes ante los “negocios bien hechos”, están diciendo que los que saben cómo lavar su dinero sin dejar huella están exentos de la responsabilidad de robarle al pueblo de Guatemala.
 
 Un paí­s que para juzgar a sus gobernantes que defraudan a la población depende de la justicia extranjera, está en serios problemas y ese es el caso de Guatemala. Aquí­ tendrí­amos que tener una actitud de cero tolerancia ante la corrupción y no ese doble estándar de quienes se ofenden por el robo de los que no son de su alcurnia, pero apañan por completo los trinquetes hechos con “clase”. Doble moral de un pueblo que, por ello, está condenado a seguir pobre porque nunca alcanzará el dinero en medio de tanto robo.

Minutero:
Si el castigo es por pillo 
no debe ser solo a Portillo; 
a este paí­s lo han saqueado
 los que nos han gobernado