Tanto si hablamos del caso Ríos Montt y los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno como si lo hacemos de la corrupción, de la violencia generalizada y hasta de la anarquía vial existente en el país, tenemos que entender que el común denominador de todos esos fenómenos se llama impunidad y constituye sin duda alguna la raíz de muchos de los males que nos aquejan como sociedad. Es más, vale la pena decir que en Guatemala impunidad es a la larga el juego que todos jugamos, porque sea en cuanto a obligaciones fiscales o en cuanto a pasarnos un semáforo en rojo, además de los casos arriba enumerados, son muy raras las excepciones que sirven apenas para confirmar la regla.
La inscripción de la candidatura de Ríos Montt ha provocado reacciones indignadas de las víctimas de la violencia durante la guerra que sufrió Guatemala, pero la misma se enmarca dentro de ese sistema que los mismos guatemaltecos nos resistimos a cambiar porque, en el fondo, todos terminamos sacando mayor o menor provecho de la anarquía y de la falta de certeza legal que se traduce en impunidad buena tanto para cosas grandes como para las pequeñas transgresiones a normas y reglamentos del día a día.
Amnistía Internacional acaba de presentar un informe en el que señala que el nuestro es el país con mayor impunidad en el continente y eso debiera preocuparnos y, más aún, obligarnos a actuar colectivamente para presionar a las autoridades a fin de terminar con el fenómeno. Pero resulta que vimos el informe y hasta seguramente muchos coincidimos con el enfoque, pero damos vuelta a la página y continuamos con nuestra vida y nuestra normalidad como si tal cosa, entendiendo que para Guatemala la normalidad es sinónimo de un sistema de impunidad casi perfecto.
Obviamente el rechazo a la inscripción de Ríos Montt adquiere proporciones paradigmáticas por lo que el antiguo dictador representa y porque permite dimensionar correctamente la magnitud del problema, pero nos preocupa que frente a la apabullante demostración de una falla estructural que afecta a todo el sistema, el colectivo social permanezca relativamente impasible y que no se produzcan reacciones para exigir a las autoridades el simple cumplimiento de la ley. Tenemos no sólo ineficiencia y corrupción en la Policía Nacional Civil, en el Organismo Judicial y en el Ministerio Público, sino que también evidencias de que el crimen organizado y los poderes paralelos han cooptado a esas instituciones, condiciones que al unirse garantizan la impunidad perfecta y los ciudadanos ni siquiera nos inmutamos.
La denuncia es válida y buena, pero hay que ir más allá para concretar acciones que obliguen a las autoridades al simple cumplimiento de su deber, administrando correctamente la justicia. Mientras sigamos cruzados de brazos, los creadores de esa especie de tormenta perfecta seguirán frotándose las manos.