Basta ver la estadí­stica para darnos cuenta que nuestro sistema de justicia tiene serios problemas que al final de cuentas se resumen en el concepto básico de impunidad que no es más que la falta de castigo para quienes lo merecen. En otras palabras, en Guatemala quienes cometen un delito tienen una especie de seguridad de que salvo un milagro, terminarán sin recibir sanción alguna y podrán vivir como si no hubieran delinquido. Y no hablamos sólo del crimen organizado ni de los ladrones de cuello blanco, sino que en general de la impresionante cantidad de delitos cometidos que no reciben castigo y que son el constante y cotidiano monumento a la impunidad.

Desde la firma de la paz en Guatemala hemos adquirido compromisos para afianzar el Estado de Derecho como instrumento para consolidar una paz posible, firme y duradera, pero ninguno de ellos se ha traducido en hechos concretos en materia de aplicación de la ley. No es simple cuestión de recursos, como algunos han dicho, puesto que si vemos el aumento de fondos asignados al Ministerio Público en los últimos años y lo comparamos con los resultados en materia de investigación y sustentación de acusaciones ante los tribunales, veremos que no existe ningún tipo de relación entre el dinero y los resultados.

El tema es que Guatemala edificó de manera voluntaria y sistemática un régimen de impunidad para dar protección a los militares, policí­as y paramilitares que participaron en la defensa de la institucionalidad durante el conflicto armado interno. En el marco de la doctrina de la seguridad, todas las dependencias del Estado fueron puestas al servicio de quienes libraban esa lucha y así­ instituciones como el Ejército, Aduanas, Migración, la Policí­a, el Ministerio Público y los Tribunales, para no citar sino algunos de los casos más destacados, funcionaron única y exclusivamente en el marco de esa concepción guerrera.

Terminado el conflicto, lo ideal hubiera sido desmantelar el sistema de la impunidad porque no habí­a razón para que el mismo siguiera operando. Sin embargo, los hechos nos demuestran que permaneció absolutamente intacto y que, lejos de perder influencia y poder, se consolidó porque sus nuevos clientes, los del crimen organizado, los hicieron parte del negocio. Lo que empezó con una visión ideológica de lucha contra el comunismo terminó siendo una oportunidad para enriquecerse gracias a la cobertura de ese manto de impunidad y por supuesto que cada dí­a crece el poder de quienes administran los hilos de esa tenebrosa situación porque cada dí­a hacen más dinero.

Romper el esquema internamente es imposible porque ello serí­a como esperar que los diputados dignifiquen al Congreso si la causa del desprestigio son ellos mismos. Entonces es cuando cobra importancia la posibilidad de apoyo internacional para dar impulso a un esfuerzo por cambiar. Pero, repito, el tema no es la CICIG que apenas es instrumento, sino la impunidad que es el mal arraigado.