Es grave que el nuestro sea un Estado impune, pero más grave es que sea un Estado cómplice de la impunidad porque institucionalmente la alienta y fortalece. Pero acaso el punto crucial es si nuestra población, si los ciudadanos, entienden no sólo la dimensión sino el alcance de esa impunidad apuntalada al extremo.

El debate sobre Carlos Castresana, su renuncia y las consecuencias estará siempre matizado por la simpatí­a o antipatí­a que la CICIG generó en distintos sectores de la sociedad. Pero lo que no podemos ignorar es que, al margen del bando en que los ubiquemos, hay un serio problema de impunidad cuyo combate, ciertamente, nos corresponde a los mismos guatemaltecos, pero que no ha llegado a ser aún una prioridad de la población. Castresana y la misma CICIG son ayudas temporales, pero no puede esperarse que ni uno ni la otra sean la solución al problema porque esa solución únicamente llegará cuando los ciudadanos entendamos lo que significa vivir en un Estado impune que no surgió por generación espontánea, sino que se ha ido moldeando de manera rigurosa, con el mismo rigor usado para minar ahora el trabajo de la Comisión.

Y es que la impunidad se ha convertido en un instrumento que conviene a muchos, no sólo a sus creadores quienes aprovechan la existencia de una generalizada corrupción, pública y privada, que se suma al esfuerzo por mantener ese limbo legal que todo lo tolera, todo lo aguanta. Si no fuéramos un paí­s tan dado a la corrupción, serí­a mayor la tendencia a revertir la impunidad, pero aquí­ hasta los que se sienten del bando de los «buenos» se benefician del régimen de ilegalidad existente y se vuelven cómplices, sin darse cuenta, de ese poder paralelo que cada dí­a se muestra más consistente.

Castresana y la CICIG no iban a estar con nosotros para siempre y siempre dije que el éxito de su misión estarí­a en involucrar a los guatemaltecos en la lucha contra la impunidad. Desafortunadamente en eso nos falta todaví­a casi todo por hacer, porque sigue siendo un pequeño grupo de la población el que entiende la dimensión del problema y el impacto que tiene la cooptación de las instituciones nacionales para evitar el imperio de la ley.

Hoy estamos obligados a reflexionar sobre el Estado que tenemos, puesto que mientras algunos todaví­a insisten en negar su carácter fallido, la realidad es que ni desde el punto de vista de la seguridad ni de la promoción de la dignidad humana, puede cumplir con sus fines esenciales y eso está a la vista de manera descarnada con la violencia cotidiana y con los efectos de los desastres naturales.

Entender lo que es y lo que significa la impunidad es fundamental para darnos cuenta del impacto que tuvo esa tendenciosa propaganda en contra del Estado, clamando por su disminución a mí­nima expresión en aras de lo privado. Se le redujo tanto que no puede siquiera cumplir los fines más elementales y primarios, entre ellos el de garantizar el imperio de la ley para normar la convivencia humana.