Se habla mucho de la llamada reforma política que se basa en modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, norma que es importantísima para fortalecer nuestra democracia y crear condiciones para que la participación ciudadana pueda concretarse en el impulso de nuevas formas de hacer política, pero la temática alrededor de la cual gira todo el debate no tiene nada que ver con las cuestiones fundamentales que están relacionadas con la democratización interna de las organizaciones partidarias y con el control del financiamiento para impedir que los grandes capitales, sean emergentes o tradicionales, sean los que secuestren el modelo.

En Guatemala no tenemos realmente un sistema democrático y representativo, porque lo que hay es una pistocracia en la que los que ponen el dinero para sufragar los gastos de los políticos son los que terminan teniendo un gobierno de ellos, para ellos y por ellos. Toda la política pública gira alrededor de los intereses pactados durante las campañas políticas con los financistas y no hay nada, ninguna actividad importante que se haga en la esfera pública, que no esté condicionada por el tráfico de influencias.

Y ello es posible en gran medida porque nuestros partidos políticos no son más que agrupaciones electoreras que se conforman con tener escasa organización en la base para prevenir cualquier tipo de decisiones autónomas de afiliados cuyo parecer en realidad ni huele ni hiede. Como no hay democracia interna en los partidos, el cacique tiene la facultad de tomar todas las decisiones y por ello vende las postulaciones como parte del proceso de negociación para financiar su sueño de alcanzar al poder y de esa cuenta “nuestros” representantes son en realidad políticos que reciben la patente de corso para llegar al Congreso, a las municipalidades o a cualquier puesto público, a levantarse todo lo que puedan sin preocuparse por rendir cuentas, porque no existen mecanismos de fiscalización.

Revisando los cambios propuestos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que esos cambios persiguen, por sobre todas las cosas, asegurar que los dirigentes puedan continuar con el control y mangoneo de las organizaciones, eliminando cualquier vestigio de poder que pueda tener la organización partidaria. Llega a tal punto el descaro que el dinero por votos no lo quieren condicionado y repudian la idea de que pueda usarse para la formación de cuadros en los partidos, porque a nadie le interesa formar afiliados que puedan llegar a entender que tienen derechos y que pueden reclamar posiciones o condicionar la línea del partido.

Preocupa seriamente el panorama, porque cuando vemos el curso que se pretende marcar con las reformas al sistema político vemos que las mismas son únicamente para impedir que algo pueda cambiar para bien del país. No hay ninguna propuesta que tenga que ver con promover la democracia interna que sería el fundamento para crear un sistema real de partidos políticos. Por el contrario, los dirigentes del Comité Ejecutivo mantienen su hegemonía y nadie les disputa o cuestiona el control absoluto que se traduce en esa capacidad para negociar con los inversionistas sin ningún tipo de condición y, menos aún, de explicaciones que deban darse a quienes por su afiliación son el alma de los partidos mismos.

Una democracia sin verdaderos partidos políticos resulta inconcebible y la nuestra es el mejor ejemplo de que no funciona el sistema cuando las organizaciones son cooptadas por intereses económicos y ambiciones de negocio más que por el interés de hacer algo por el país.

El tema es que no pueden reformar la ley electoral, para bien, quienes viven y subsisten gracias a las deficiencias del sistema que les garantiza la capacidad de negociar para hacer pisto con el uso de los recursos del Estado.