Desde que Guatemala es Guatemala, los problemas agrarios han sido vistos por las autoridades con desdén cuando no con suspicacia provocada por planteamientos ideológicos. Es un hecho real, derivado del mismo origen de nuestra Nación, que existe una alta conflictividad derivada de la forma en que se produce la legalización de los derechos de propiedad sobre la tierra y ahora mismo estamos viendo un caso concreto que puede ilustrar, en pleno siglo XXI, lo que ha sido la historia de los problemas de tierra en el país.

Santa María Xalapán es una comunidad agraria que ha sido ejemplar en Guatemala por la forma en que de manera ordenada se han ido trasladando de generación en generación los derechos de posesión de la tierra que es propiedad, precisamente, de la Comunidad y los comuneros que la integran respetan absolutamente esa normativa de derecho privado que ha sido tan eficaz al punto de que entre ellos no hay ni ha habido problemas. Se recordará que en la década de los 70 se produjo el incidente de San Sirisay como resultado de que personas ajenas a la Comunidad se adueñaron de terrenos y trataron de legalizar la propiedad sobre los mismos, generando una protesta airada de los campesinos que actuaron en defensa de su ancestral derecho.
 
  Ahora está ocurriendo lo mismo, puesto que como el derecho de la Comunidad es tan antiguo, se basa en una Cédula Real de tiempos de la Colonia que ha sido respetada y observada por tirios y troyanos, pero resulta que algunos vivos se han aprovechado para ir legalizando derechos inexistentes y ahora están presentando escrituras que son válidas de conformidad con nuestra legislación vigente, pero que rompen con un orden y un derecho de propiedad que es ancestral y tiene también fundamento legal e histórico.
 
  Pues el mismo fenómeno de Santa María Xalapán se ha dado en muchas comunidades de Guatemala, donde con argucias de cualquier tipo los comuneros fueron despojados de su tierra y la misma pasó a manos ajenas. De algunos de esos casos hace tanto tiempo que los actuales propietarios son, seguramente, adquirentes de buena fe que compraron con base en documentación perfectamente legal que fue aportada por los vendedores. Sin embargo, hay un derecho ancestral que es el que da lugar a conflictos y por ello es importante entender que no estamos únicamente frente a reclamos bochincheros, como algunos sostienen, sino que ante una realidad que está enmarcada en el proceso histórico que ha habido de exclusión y marginación de muchos sectores de guatemaltecos.
 
  El gobierno que quiera entrar a buscar la solución de la conflictividad agraria, base de la paz social en el país aunque no lo veamos de esa manera, tiene que tomar en cuenta no sólo el actual marco legal, sino los antecedentes históricos para atender las demandas campesinas y de esa forma buscar compensaciones. Hay que entender, también, que muchos de los actuales propietarios son en realidad actores de buena fe que no provocaron los despojos y por lo tanto tampoco se les puede despojar a ellos ahora, pero el Estado, que indolente en el pasado permitió que ocurriera lo que ahora pretenden hacerle a los comuneros de Jalapa, tiene obligación de compensar a los que perdieron sus legítimos derechos de posesión de la tierra.
 
  Si se actúa con ese criterio, es posible encontrar soluciones adecuadas a la tremenda y volátil situación que hay en el agro y que ocurre en medio de la indiferencia general de la sociedad que inclusive considera como revoltosos a los que reclaman derechos ancestrales sin entender que hay una historia real, concreta y documentada, que respalda esas peticiones.