Esta mañana visitaron La Hora personas que perdieron todos sus ahorros depositados en el Banco de Comercio y nos mostraban los certificados de depósito que amparaban la inversión y en los mismos no hay ninguna mención de que se tratara de una operación fuera de plaza u offshore, sino que toda la documentación corresponde, por sus logotipos y redacción, al Banco cuyas operaciones cesaron. El monto de lo que los dueños del banco manejaron de esa manera delictiva, porque obviamente hay una estafa en la operación por el engaño que se produjo, alcanza los 2 mil 400 millones de quetzales y en gran parte corresponden a guatemaltecos de clase media que trabajaron con empeño y dedicación para crear un ahorro que les permitiera soñar con un futuro mejor.

Ya se relató en La Hora el caso ilustrativo de don Belizario Garcí­a, plomero de profesión que perdió el fruto de muchos años de trabajo cuando el dinero invertido se evaporó junto con los dueños del banco. Y junto a él hay muchos guatemaltecos que no encuentran paz ni sosiego porque nadie puede vivir tranquilo al quedarse en la calle sabiendo que el producto de su trabajo de años fue estafado mediante el engaño que perpetraba personal bien entrenado del Banco de Comercio que tení­a la misión de hacerlos «invertir» en certificados de depósito a plazo fijo que pagaban tasas de interés mayores que las que reportaba la cuenta normal de ahorro.

Son 12 mil personas las que fueron engañadas en una forma que hoy se ve evidente y clara y que, indudablemente, pudo realizarse por la incapacidad, por no decir complicidad, de las autoridades encargadas de supervisar el sistema bancario nacional. Dí­as, semanas y meses antes de que colapsara el Banco de Comercio, las autoridades monetarias del paí­s insistí­an en desplegados y en declaraciones que el sistema financiero era sólido y tras lo del Banco del Café el mismo Superintendente dijo de manera expresa que ese fenómeno no se repetirí­a en ningún otro banco.

Creemos que la responsabilidad en este caso tiene que ser solidaria del Estado y de los funcionarios que tení­an la obligación de evitar acciones fraudulentas en un banco que operaba bajo su supervisión. No se trata de una casa de cambio ni de una financiera fantasma, sino de un banco y de operaciones realizadas en sus instalaciones y amparadas por papelerí­a con todos los membretes y firmas que hací­an aparecer la estafa como respaldada por el banco.

Suficiente es que el Estado se convierta en cómplice de la impunidad general en el paí­s al apañar ese robo que hoy hace llorar a miles de guatemaltecos de clase media que perdieron todos sus ahorros. Pero los funcionarios de la Superintendencia de Bancos tienen que asumir su responsabilidad, que la tienen, y el Estado entender que si tení­a el deber de regular y controlar y no lo hizo, tiene también su cuota de culpa.