Miles de guatemaltecos viven en la sombra del miedo, a consecuencia del terror que causan las extorsiones; sufren serios efectos fí­sicos y psicológicos por las constantes amenazas de muerte, pierden sus casas y se separan de sus familias cuando la presión es incontenible, y algunos llegan a enterrar a sus seres queridos por no tener suficiente dinero para complacer a un criminal. Las extorsiones están arrebatando la tranquilidad y acabando con los esfuerzos de la gente honrada que ha dedicado su vida a largas jornadas de trabajo para vivir dignamente. Es un fenómeno silencioso que mutila la ya cuestionada paz social.

Casi todas las historias inician con una llamada anónima y amenazante, mientras que los finales son todos distintos, aunque la angustia, el temor y la tristeza son factores comunes en la mayorí­a de los casos de extorsión.

Una de las manifestaciones de este problema salta a la vista en la migración forzada, a la que se ven sometidas las familias de barrios marginales que no esperan a que se concreten las amenazas de muerte en su contra, cuando no pueden pagar la suma de dinero que les exigen sus victimarios.

Las escenas son dramáticas y desoladoras. En un recorrido por las colonias capitalinas Santa Faz (zona 6), El Limón (zona 18) y Guajitos (zona 21) se constató cómo las amenazas de muerte por grupos criminales han provocado que los tres puntos sean considerados «conflictivos», al grado que varios inmuebles han sido desocupados por sus propietarios ante la presión de los criminales del sector.

El ingreso se percibe hostil ante la mirada de desconfianza de los vecinos que creen que la presencia de extraños podrí­a representar una amenaza. Sin embargo, al conversar, algunos expresan que todaví­a hay esperanza de algún dí­a vivir con tranquilidad, al poder enviar un mensaje a las autoridades para que resguarden las áreas donde impera la delincuencia.

«MI VIDA VALE Q200»

«Cada semana pago Q200 para conservar mi vida. Los delincuentes me permiten mantener mi negocio aquí­, en Santa Faz, por esa cantidad. Si no les pago de seguro me matan a mí­ o a mi familia, pero tengo que sobrevivir a eso», dice una joven de 25 años que tiene una pequeña tienda en el sector.

La entrevistada, una de las pocas sobrevivientes de la extorsión, explica que no es fácil vivir de esta forma, pero su negocio es la única opción que le queda para subsistir y aunque la amenacen, no pueden desistir.

La joven mujer es originaria del municipio de Comitancillo, San Marcos. Llegó a la capital porque su familia -de escasos recursos- necesitaba que buscara un empleo que le permitiera aportar ingresos económicos en su hogar.

A los 13 años decidió viajar a Guatemala. La idea le interesó porque le dijeron que en la capital se ganaba mucho mejor que en su aldea. Así­ lo hizo: con la ilusión de mejorar la condición de vida de su familia y de ella misma emprendió un viaje hacia un lugar desconocido, donde ahora su vida está en riesgo.

La fuente dice que a su escasa edad inició trabajando como empleada doméstica, en la vivienda en donde hoy está instalado su negocio. Hace tres años, la dueña del pequeño comercio se cambió de residencia y le vendió la tienda. La joven hizo un préstamo de Q15 mil e inició con uno de sus más grandes sueños.

«Todo iba bien hasta el año pasado, cuando los delincuentes me pidieron Q5 mil de extorsión. Yo se los di pensando que no me iban a molestar más, pero después de eso me agarraron de cliente porque ahora todas las semanas tengo que pagarles Q200, o si quieren algún producto tengo que dárselos», indica.

La denunciante dice que cuando el tormento inició, lloraba todos los dí­as y le pedí­a a Dios que le diera paz para que no la mataran o le hicieran daño a su familia. Ahora se ha recuperado con la ayuda de un grupo evangélico que ora por ella y que le dice que confí­e en el Creador, pues «en la justicia humana no hay mucho que esperar».

Según otros vecinos del área, la falta de luz eléctrica en los postes, la escasa presencia policial en los puntos más peligrosos y las condiciones de marginación de los habitantes que viven en las áreas recónditas del sector son los factores que impiden recuperar este territorio, que se ha convertido en «tierra de nadie», donde los sicarios y maleantes aprovechan para fortalecer su «negocio», a través del miedo y la intimidación.

«18»

La colonia El Limón es un área roja. Las calles, paredes y puertas de las viviendas están «señalizadas» con el número 18, que identifica la pandilla del mismo nombre, la cual percibe el mayor monto de ingresos por extorsión, al mismo tiempo que se le atribuye un buen número de muertes por ese flagelo.

Según una fuente policial, las casas marcadas con este número pueden significar, que la persona ya no resida en el sector porque fue sacada por los pandilleros, que utilizan esa vivienda como «guarida» o simplemente para intimidar a los vecinos, enviando un mensaje de que hay presencia de dicha gavilla.

En este lugar hay presencia policial y constantemente realizan retenes en la calle principal, sin embargo, no están en los callejones y barrancos desde donde se planifican y se cometen los hechos delictivos.

LA FERRETERíA QUE EXPLOTí“

«No se puede olvidar algo tan horrible: el ruido, el lugar hecho pedazos, los trabajadores llenos de sangre. Es una experiencia muy fea que nos tocó ver, cuando explotó la ferreterí­a del vecino», dice una mujer que fue testigo de un ataque contra un negocio, debido a que el propietario se resistió a pagar una extorsión.

La mujer, que pidió mantener su identidad en el anonimato, se refiere a la detonación de un artefacto explosivo en la colonia Guajitos, donde hace seis meses delincuentes hicieron estallar una granada en la ferreterí­a que quedó casi destruida.

Según la fuente, la experiencia de presenciar y escuchar una explosión tan cerca, la hizo recapacitar sobre el riesgo que corre al estar en esta área, donde generalmente solo hay dos miembros de la Policí­a de Mercados (Polimerc), que tienen la intención de apoyar a los vecinos pero no son suficientes, tomando en cuenta que es una de las zonas más peligrosas del paí­s.

Pese a la alarmante situación de inseguridad que prevalece en el sector, la entrevistada dice que no puede movilizarse a otro lugar, porque depende de su negocio -una tienda- y es madre soltera, por lo que necesita asegurar la manutención de sus hijos, de tal manera que debe continuar instalada en la zona, donde se es testigo de hechos «frí­os y malos», pues el dueño de la ferreterí­a no es el único afectado. «Hay decenas», dice.

El lunes 15 de noviembre, una casa que funciona como sanatorio fue baleada por delincuentes que se molestaron cuando los residentes no quisieron pagarles una extorsión que les exigí­an desde tiempo atrás.

Se visitó esa vivienda, pero la propietaria se negó a hablar. El temor la paralizó y cerró la puerta.

DENUNCIE

«Ellos se fortalecen de la intimidación. Saben que las ví­ctimas temen cuando mencionan a sus familiares o a ellos mismos, por eso entregan la extorsión, pero si lo hacen una vez, después se convertirán en la caja fuerte del delincuente. Tienen que ayudarnos con la denuncia para evitarlo», dice un investigador policial, en referencia al problema de las extorsiones y de cómo afectan a miles de guatemaltecos.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP) y la Policí­a Nacional Civil (PNC), en fin de mes y quincena se reciben hasta 50 denuncias diarias de dueños de comercios, transportistas y familias, quienes informan de las intimidaciones que reciben de grupos criminales, al tiempo que exigen dinero a cambio de no hacerles de año.

Sin embargo, hay un subregistro de los casos, debido a que un buen número de personas afectadas no se atreve a informar lo que sucede.

Fuentes oficiales estiman que más de 80 personas han muerto de enero a octubre, por negarse a pagar extorsión, entre estos se encuentran los transportistas, los comerciantes y conductores de moto-taxis.

Según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), tras la implementación de la tarjeta prepago en algunos buses, la cifra de muertes violentas en contra de los dueños de tiendas se ha incrementado, pues, la violencia que afectaba al gremio de transportistas, emigró a las tiendas, que empiezan a ser más acosadas.

Un informe de la organización revela que 73 tenderos murieron en los primeros diez meses de este año; estos ocupan el segundo lugar de trabajadores vulnerables, de acuerdo a la profesión. El primero corresponde a los pilotos de bus, con 111 fallecidos.

Por su parte la PNC reporta la captura de 532 personas sindicadas de extorsión en 2010 y 790 en 2009, así­ como la desarticulación de bandas del crimen, que operan con delincuentes que gozan de libertad.

El reto, según las autoridades, es que la población confí­e y colabore con las instituciones de seguridad, y que den a conocer sus demandas a través de esta acción.

ROMPER EL CíRCULO

Según una ví­ctima -dueño de un pequeño comercio- que recientemente entregó mil quetzales de extorsión a delincuentes, buscó la forma de no pagar más dinero, pues empezaban a aumentarle la cuota cada vez.

«Es un arma de dos filos, porque usted no sabe si los del MP o la PNC están con los delincuentes, sin embargo, estoy consciente de que mi denuncia va a ayudar a otras familias para que no sean molestadas por el mismo ladrón que me tocó a mí­», afirma el entrevistado.

De acuerdo con el relato, la espera para ser atendido por miembros del MP, llevó hasta tres horas, pues de 10:30 estuvo hasta las 13:30 horas. Sin embargo, indica que la atención fue personalizada y atenta, aunque un poco insensibilizada, pues en la institución se le hizo saber que «no es la única persona que sufre por la extorsión» y fueron poco receptivos con su problema.

La fuente afirma que el auxiliar fiscal le reiteró que centenares de guatemaltecos sufren del mismo flagelo y por eso, se debe estar preparado, porque nunca se sabe cuándo se puede estar en la lista del delincuente, que no sólo utiliza guí­as telefónicas, sino también a gente allegada para obtener información, la herramienta más cotizada por los maleantes.

El MP pone a disposición el número 22500100, mientras que la PNC, proporciona los teléfonos 110, 56080925, 22514763 y 40561949, donde investigadores especializados en el tema podrán asesorar sobre el caso a las ví­ctimas.