El sistema jurí­dico-moral guatemalteco


En Guatemala, los juicios morales pesan más que la prueba cientí­fica, a la hora de juzgar a alguien sindicado de delitos. í‰ste es uno de los múltiples factores que han empujado a que la Justicia sea prácticamente impotente y que nuestro í­ndice de impunidad se haya elevado casi al cien por ciento.

Mario Cordero ívila
mcordero@lahora.com.gt

Ello permitió que el extraño caso de la muerte de Rodrigo Rosenberg, la opinión pública se volcara a favor del abogado y condenar al actual Presidente, ya que no se esperó a la investigación cientí­fica y nuestros juicios morales inundaron los medios de comunicación.

Hoy dí­a, cuando ya fueron vencidos en juicio los autores materiales, se sigue dudando de la prueba cientí­fica en su contra. Además, debido a que el desarrollo del juicio contra los supuestos autores intelectuales, los hermanos Valdés Paiz, ha continuado que el juicio moral continúe a favor de éstos.

En esta situación, fue muy fácil ponerse en contra del presidente ílvaro Colom, sobre todo en la ciudad capital y sus sectores más onerosos, ya que el mandatario ha realizado una serie de polí­ticas y yerros polí­ticos (más éstos, que los otros), que lo han hecho impopular entre la población que tiene voz en los medios de comunicación, y ello le valió haber estado en el centro del tiro al blanco de la opinión pública.

La situación se repite ahora con el Caso Pavón, en el cual un sector de la población ha opinado a favor de Carlos Vielmann y, de paso, Alejandro Giammattei, porque ellos fueron -más el primero que el segundo- fieles defensores de los intereses de las clases altas cuando fungieron como funcionarios.

En comunicados de prensa, tanto sectores industriales como los gobernantes del perí­odo presidencial pasado, han opinado a favor de los sospechosos por el Caso Pavón, exigiendo que éstos sean considerados, sin lugar a dudas, inocentes; y no sólo eso, sino que deberí­an ser considerados unos «héroes» por haber limpiado la Granja Penal Pavón de la corrupción que sufrí­a.

Es interesante reconocer que los funcionarios del gobierno que logró la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estén ahora criticándola por un supuesto linchamiento polí­tico contra Vielmann.

Por su parte, la CICIG, categóricamente, opinó, como reacción a estos comunicados, que los procesos se llevan en los Tribunales y no en los medios de comunicación.

En Guatemala, los juicios penales se siguen manejando desde un componente moral y en el ámbito de la opinión pública, que en los últimos años ha estado monopolizada por los medios de comunicación. Es por ello que la CICIG hizo evidente, con el caso contra los Valdés Paiz, de una red de «analistas polí­ticos», «columnistas» y «comunicadores sociales» que buscaban desacreditar a su entonces jefe, Carlos Castresana, lo cual quiere decir que en nuestro paí­s el componente moral es fundamental para ganar juicios, aunque sea en los medios de comunicación.

Y es notable que casi siempre son los mismos sectores que se esmeran por mantener esa potestad de juzgar moralmente, y se hizo evidente tanto con el Caso Rosenberg como con el Caso Pavón. Y es de resaltar, también, que estos mismos sectores son los que se han quejado que la CICIG «destruyó» la reputación de algunos abogados, cuando ocurrieron los procesos fallidos de postulación a puestos del sistema de justicia (magistrados, fiscal general y defensor penal público en jefe).

Como parte del mantenimiento de este sistema de juzgamiento moral, en vez de cientí­fico-penal, ahora se quiere deslegitimar las figuras legales del colaborador eficaz, testigos protegidos o simples testigos, haciendo creer que éstos no tienen credibilidad, porque son o han sido delincuentes (en el primer caso) o simples ciudadanos, y no los «analistas polí­ticos» de siempre.

En el Caso Pavón, la queja es que cómo es posible que se haya iniciado una investigación por denuncias de reclusos, ya que éstos, sólo por serlo, habrí­an perdido su capacidad de tener credibilidad, según esta lógica. Y, en cambio, cómo va a ser posible que funcionarios «buenos» estén pasando penas en prisión preventiva, cuando su credibilidad no ha sido vencida.

No sé si la CICIG logre desarticular los cuerpos paralelos, porque éstos están muy enraizados y tienen protección de los grupos de poder. Pero el principal aporte de la Comisión, hasta el momento, es que ha demostrado que la justicia guatemalteca se puede realizar desde un punto de vista cientí­fico, y no moral, como se ha intentado mantener para garantizar el status quo.