Pareciera un contrasentido titular esta columna de esa manera, porque presuponemos que lo jurídico es contrario y combate la impunidad, pero la cosa no es así y me voy a permitir demostrarlo según mi punto de vista.
Usual es decir: «Hecha la ley, hecha la trampa», y en efecto, en muchos casos así ocurre por dos razones: una, la falta de capacidad o asesoría jurídica adecuada de los diputados y, la segunda, ser objeto de un clientelismo, ya sea político o económico, para emitir leyes a favor o en contra de determinados sectores, lo cual da a luz a la impunidad, entendiéndola como ausencia de castigos justos a los responsables de cometer delitos.
Pero la cosa no queda ahí, este primer eslabón de la cadena elige: a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, al Contralor de Cuentas de la Nación, al Procurador de Derechos Humanos, y al Tribunal Supremo Electoral y para fregarla aún más, a un representante de la Corte de Constitucionalidad, en tanto el Presidente, sea quien sea, puede ser baboso, pero es político, elige al Fiscal General y tiene un su representante en la Corte de Constitucionalidad, así como el Consejo Superior Universitario (se acuerdan de Cipriano Soto). Pero es un hecho, desde ayer y siempre, que los electos, lo primero que hacen es tocar las teclas políticas para responder a intereses políticos del órganos mas político del país, al extremo que en las Cortes ya se sabe que x o y magistrado es del FRG, el otro de la UNE, otro mas de ílvaro Arzú (no les dicen unionistas), otros de la Gana, o el Patriota y etcétera, etcétera. Aquí se establece la segunda cadena de impunidad porque si llegan casos delicados a los tribunales, hay que pasar la factura política, y si por purísima casualidad el que tiene en sus manos el caso es «apolítico» (el hombre es un animal político dijo Aristóteles), seguramente le gusta el pisto y el asunto será resuelto pronta y cumplidamente en aras de la justicia monetaria.
Pero hay una tercera cadena que la conforman los malos abogados, quienes de común acuerdo con sus clientes, sean narcotraficantes o sindicalistas (se acuerdan de los Q35 millones de los maestros), interponen cuanta traba legal la ley permite y los juzgadores se tardan su buen tiempo en resolver por lo que muchos, como yo, ni acudimos al MP ni a los tribunales si cometen en nuestra contra un delito. Esto se llama falta de confianza en las instituciones que es una parte importante de la impunidad.
Existe una cuarta cadena o elemento: el formalismo. Como el hecho de dejar libres a cinco supermareros pese a que hay una confesión de cómo violaron y asesinaron a una familia, incluyendo niños, simplemente porque «no había un abogado presente» y no dice la Constitución que el interés social prevalece sobre el particular y que el Estado como tal tiene una serie de obligaciones supremas que es la defensa de la vida de las personas.
Antes esta serie de cosas repito lo que dijo un abogado en una serie de televisión: «MI TRABAJO ES GANAR LOS CASOS, LA JUSTICIA ES TRABAJO DE DIOS».