De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, de enero a octubre del presente año, del presupuesto de Q1,540 millones asignado al Organismo Judicial, el 98.81% habría sido destinado a funcionamiento -Q1,522 millones- y tan solo un 1% a inversión -Q18 millones 287 mil 182. Con esa disparidad presupuestaria, el sistema de justicia se ve obligado a arrendar inmuebles para crecer, ya que comprar un inmueble es un “lujo” para el Estado.

Con un posterior aumento presupuestario, que dejó la asignación del OJ en Q1,723 millones, el porcentaje de funcionamiento se redujo a un 97.48%, es decir, unos Q1,680 millones, pero aún se consideraron escasos recursos para invertir en la expansión del sistema de justicia con la creación de nuevas judicaturas.

Esto, según Álvaro Dubón, gerente general del OJ, se explica porque sólo el pago de planilla del OJ supera el 90% de su presupuesto, pues se cubre el salario de 8 mil 900 trabajadores. Dentro del funcionamiento también se incluye el pago de arredramientos, la compra de equipo de cómputo, insumos y servicios básicos de agua, luz y teléfono de todos los juzgados en el país.

“Un buen porcentaje del presupuesto se concentra en salarios, porque somos una institución que necesita recurso humano para trabajar”, argumentó Thelma Aldana, magistrada integrante de la Cámara Civil y expresidenta de la CSJ.

Todas nuestras actividades en el Poder Judicial requieren personas involucradas, desde la tramitación, hasta la resolución y sentencia de los casos, “y de desde luego que necesitamos también equipo de cómputo, pero se justifica plenamente que el mayor porcentaje del presupuesto sea destinado al recurso humano”, indicó.

Es por tal motivo que menos del 3% es destinado a gastos de inversión, y es que aunque no se trabaje con déficit el OJ,  tampoco se cuenta con la capacidad financiera que permita la creación  de nuevos órganos jurisdiccionales, explicó Dubón.

El Gerente también mencionó que los otros ingresos del OJ, fuera de los cedidos por el Gobierno, son percibidos por medio de multas, fondos prescritos, la colocación de fianzas en un banco, que aunque es dinero de terceros, se coloca a efecto de generar intereses, que según la ley le quedan al OJ.

En la Corte Suprema de Justicia los magistrados están conscientes de esta situación, que parece inadecuada para un aparato estatal tan importante como el sistema de justicia cuando la necesidad de combatir la impunidad es un problema fundamental para el país.

NECESIDADES NO CUBIERTAS
El año pasado, el magistrado Luis Archila estimó que para suplir las necesidades de la Corte Suprema de Justicia (CJS) y del Organismo Judicial (OJ) se necesitarían Q1 mil 800 millones para 2012, para al menos cumplir con los gastos de ejecución.

No obstante, Aldana, la presidenta que fungió durante 2012, tomo las riendas de un Organismo Judicial que recibió del Gobierno Q1 mil 217 millones 070 mil 661, lo cual representa un 79% del presupuesto que tiene asignado para su funcionamiento, y un situado constitucional del 2% de los ingresos ordinarios del Estado.

El restante 21% fue percibido por medio de multas -Q20 millones 923 mil-, ingresos no tributarios -Q11 millones 600 mil- y una del rubro de caja y bancos -Q220 millardos.

Sin embargo, el sistema de justicia consiguió aumentar sus ingresos con una modificación del Ministerio de Finanzas de Q101 millones 316 mil 587, llegando con esto a recibir de la Administración Central Q1 mil 318 millones 387 mil 248, el 76% de su presupuesto vigente.
Además de esto, el OJ recibió donaciones organismos e instituciones internacionales, Q1 millón 521 mil; un aumento de Q16 millones 274 mil 291.11 de ingresos no tributarios, y una disminución de cajas y bancos de Q63 millones 720 mil 946.94, con lo que se llegó a un presupuesto vigente de Q1,723 millones 512 mil 436.05 de presupuesto total vigente.

De esa cantidad, al pasado 23 de octubre se había ejecutado un 71%.

“UN LUJO”
En relación a la actual infraestructura del Poder Judicial, Aldana explicó que para solucionar el problema, y poder crear más juzgados, se ha considerado como opción arrendar los inmuebles donde se han inaugurado judicaturas, como ocurre, incluso, con el recién inaugurado complejo donde funciona el Centro de Femicidio.

Según dijo, en el interior del país es en donde más arrendamientos se pagan, porque por las deficiencias del presupuesto no podrían darse el “lujo” de comprarlos; en los próximos meses se inaugurará el Centro de Justicia Civil, y también será arrendado, contó.

De los edificios que son propiedad del OJ mencionó la Torre de Tribunales, el Palacio de Justicia -donde funciona la Corte Suprema Justicia-, el edificio de Torre Marfil -donde funcionan las Salas de Apelaciones-, el edificio El Jade -el área administrativa-, y el edificio de la 20 calle de la zona 1 -donde están ubicados los juzgados de la niñez.

“Estos edificios fueron comprados por Cortes anteriores; nosotros y la Corte anterior no hemos podido comprar ninguno”,  agregó.

PRESUPUESTO INSUFICIENTE
Es lógico que la mayor parte se destine al pago de salarios porque es para el fortalecimiento de la red de jueces y jueces de Paz, y de todos los servicios que proporciona el Organismo Judicial (OJ), indicó Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), y agregó que esta entidad, incluso, necesitaría estar más descentralizada y tener más representación a nivel local.

Sin embargo, la entrevistada reiteró el problema que representa contar con pocos recursos que permitan la inversión, pues consideró que frena la creación de nuevas instalaciones.

“Creemos que es necesario fortalecer el OJ, sin embargo, también creemos que debe establecerse algún tipo de posibilidad que pueda monitorear o auditar el trabajo de los jueces”, subrayó.

Esto porque según De León, el problema es que hay pocas posibilidades de que los jueces que no cumplan con su función puedan ser denunciados por parte de la población y pueda ser su trabajo sometido a la auditoria social.

No obstante, agregó que ninguna institución del ámbito de seguridad y justicia como el OJ, Ministerio Público, Instituto de la Defensoría Pública Penal o el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene lo que se necesita para funcionar.

“Vemos con preocupación que se incrementa el presupuesto del Ejército cuando se requiere fortalecer todo el ámbito democrático y civil del sector justicia”, concluyó.

MÁS PARA OBRAS
Gabriel Medrano, presidente electo de la CSJ, recibirá el próximo año un presupuesto con Q151.5 millones más en relación a los Q1,318 millardos que se destinaron al organismo este 2012.

Y aunque había pedido un aumento de Q670 millones, dijo estar satisfecho con el incremento del 10.21%; no obstante, considera que es insuficiente, “pero trabajaremos con lo que hay”, enfatizó.

“Daremos continuidad a los programas y proyectos que ya se vienen desarrollando y tenemos que continuar hasta donde sea posible con  la creación de más juzgados y tribunales, para hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia”, dijo al ser entrevistado.

El magistrado subrayó que, aunque fuera en cierta parte, destinaran recursos a la obra física, ya que se han evidenciado fuertes necesidades de contar con locales adecuados para los órganos jurisdiccionales en la capital y el interior del país.

“No hay otra forma de llamarlo”, dijo Medrano refiriéndose a la situación de los juzgados en la Torre de Tribunales, que constató se encuentran hacinados.

“Hoy (viernes 26 de octubre) visité el juzgado Primero de Familia, y la verdad es que las condiciones de trabajo son lamentables, un servicio adecuado de justicia no se puede prestar en esas condiciones”, acotó.

Por ello dijo que trabajarán para que los jueces, auxiliares judiciales, y demás personal, puedan tener espacios dignos para laborar.

A la luz del presupuesto asignado para 2013, señaló que buscarán invertir el gasto de manera eficiente y transparente, garantizado la ejecución con el departamento de Auditoría Interna y la Contraloría General de Cuentas (CGC).