En el caso del sistema de justicia, el prejuicio ciudadano es fundadamente abrumador y mayúsculo, quizá por eso llevamos semanas en las que el tema domina la agenda polí­tica y mediática, y la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia se ha convertido en el hecho que podrí­a dejar herida de muerte la legitimidad del sistema polí­tico democrático, a partir de la violación de su legalidad. La distorsión ha requerido que echemos mano de entes internacionales, porque los nacionales están superados y deslegitimados en su labor polí­tica y ética; y por otro lado se han diseñado instrumentos legales cual parches necesarios, para corregir errores que son imposibles porque las razones son de origen y de diseño. Los representantes de un poder eligiendo a candidatos con evidentes cuestionamientos y tachas del otro poder. Un tercero representado por el Presiente se manifestó a una distancia conveniente del problema tratando de minimizarlo e invitando a terminar el tema para seguir adelante porque ya habí­a Corte; en medio, la alianza entre grupos sociales y la fiscalí­a internacional CICIG mantienen una lí­nea cerrada de denuncia y presión que parece haber persuadido al Congreso, el resultado es tres de seis. Los riesgos no son menores y este tipo de coyunturas estiran la débil institucionalidad hasta lí­mites insospechados, fronteras que cuestionan el orden institucional o confrontan el poder nacional.

Estos dilemas que ponen al borde del abismo cada poco a la institucionalidad, están fundados en una contradicción de origen, allá por aquellos años en los que se suponí­a ocurrí­a la independencia. La presunción liberal de la igualdad frente a la ley como concepto fundamental del Estado de Derecho se instauró sobre la suposición de una nación moderna. Esto tuvo un desenlace distinto en la patria del criollo, porque desde el inicio su contradicción identitaria y de clase, la vestirí­an de ropajes democráticos con interiores profundamente coloniales. La propuesta liberal ilustrada empezó a desplegar entonces, un sistema de leyes y un sistema de instituciones que se ajustaron a pesar y al margen de una contradicción social y económica, que ya para la Guatemala de fines del siglo XIX, habí­a fundado la semilla de los poderes corporativizados que eran incompatibles con la fórmula liberal de Estado y Nación.

El tiempo pasó y el poder corporativizado adaptó al Estado a sus intereses, en épocas gobernaron liberales y en otras conservadores, luego gobernaron militares y el Estado se volvió autoritario. Cuando acabó la Guerra de los Treinta Años, los poderes corporativizados de base oligarca, habí­an afianzado su poder por todo el territorio, pero ahora comparten el paí­s con otros grupos de distinto pelaje, desde bandas criminales con alto grado de organización hasta carteles de narcos de gran cobertura geográfica. En este escenario la situación se pervirtió con todo e instituciones, la interrelación del  Estado se volvió clientelar a través de toda su institucionalidad.  Aquella contradicción de la oligarquí­a se arrastró por siglos y se manifiesta de maneras oportunas, como la de enarbolar libertad individual y justicia con ropaje neoliberal y prácticas coloniales, o como el mercantilismo oligárquico pro reformista, así­ mismo como en el principio. La tormenta de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, guarda en esencia aquella contradicción y revela que hay un monstruo que anida en un traje de democracia que lo protege bien.