El ocho y nueve de septiembre de 2008, varios medios locales publicaron declaraciones del recién estrenado embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, refiriéndose a la Secretarí­a de Asuntos Administrativos y de Seguridad, SAAS, y al hecho que el presidente ílvaro Colom habí­a públicamente denunciado que en Casa Presidencial, en el despacho que ha establecido en zona 14 y en su residencia, habí­an encontrado equipos de grabación de voz e imagen capaces de transmitir o grabar las reuniones y hechos que se desarrollaban en dichos ambientes.

En sus expresiones, el señor McFarland evidencia su rudeza; al manifestar: «la SAAS ha fracasado» se inmiscuye en un hecho que no es de su competencia. Una cosa es que el gobierno de Guatemala pueda solicitar al Gobierno de Estados Unidos colaboración y otra cosa es calificar públicamente acontecimientos internos del paí­s, faltándole el respeto a los guatemaltecos.

Lo acontecido al Presidente y su esposa, es indudablemente inadecuado, injustificado e improcedente. Es responsabilidad de la SAAS y de quienes la dirigí­an el haberlo permitido, ya no digamos, si fuera el caso, el haber participado de forma pasiva o activa en semejante hecho. En lo público o en lo privado, nadie debe ser espiado.

Sin embargo, por censurable que sea, el Presidente, el Vicepresidente y los funcionarios públicos del más alto nivel, deben de saber que en todos los paí­ses del mundo existen grupos de poder que buscan el conocimiento de las intimidades y de las acciones que el gobierno discute y planifica implementar. Por ello, es que permanentemente deben de tomarse las medidas preventivas para evitar la posibilidad que la información y los planes de acción puedan ser del conocimiento de esos grupos de poder.

En todo el mundo, estos grupos intrusos pueden ser parte de la cúpula empresarial, de la delincuencia, del gobierno y hasta de las personas más allegadas a los funcionarios electos. Quien no lo considere así­ se engaña. «Confiar es bueno, pero no confiar es mejor».

Estados Unidos y sus instituciones de inteligencia saben que ellos lo han hecho, que a ellos se los han hecho y que así­ continuará hasta el fin del tiempo. Los ejemplos al respecto son muchos en la historia de los paí­ses y de los gobiernos.

La Presidencia de la República debe de aprovechar lo acontecido, normar a nivel legislativo para que la Secretarí­a de Análisis Estratégico, SAE, tome la naturaleza que le corresponde como órgano responsable de informar y asesorar al Estado, especí­ficamente a la Presidencia de la República. No debe, ni puede ser una secretarí­a que se dedique exclusivamente a informar sólo a la persona del Presidente, ello hace de esta secretarí­a una entidad de tipo maquiavélico y richelieusco y a su secretario un monje negro que puede intrigar, influir y hasta cogobernar a través de sus secretos, consejos o susurros al Presidente, hecho que censurablemente ha acontecido en el pasado a través del Estado Mayor Presidencial y últimamente a través de la SAE.