Ya pasó el Día de San Valentín, pero en este 14 de febrero no todo tuvo que ver con amor, abrazos y chocolates. Algo muy importante de ayer también fue el sexo y la sexualidad, temas que parecen escandalosos para algunos y superfluos para otros, pero que de igual manera se encuentran desatendidos por el Estado.

Más allá de la actividad sexual-reproductiva que pudo haber ocurrido, me refiero a la campaña “Mi cuerpo, mis derechos”, que lanzó ayer Amnistía Internacional (AI) con el objetivo de “explorar las barreras que enfrentan mujeres y niñas en todo el mundo a la hora de acceder a servicios de salud e información sobre sus derechos sexuales y reproductivos”.

AI plantea la ausencia de políticas sobre salud sexual y reproductiva como un “silencioso asesino de mujeres” y no es para menos, ya que según estimaciones de la ONU, de los aproximadamente 19 millones de abortos inseguros que se llevan a cabo anualmente en los países del mundo en vías de desarrollo, 2.5 millones se practican a adolescentes, y el 70 por ciento de las hospitalizaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo son de niñas de entre 10 y 19 años.

En 2011, ONUSIDA informó de que solo el 34 por ciento de la juventud de los países en vías de desarrollo era capaz de responder correctamente cinco preguntas básicas sobre el VIH y cómo prevenirlo. Actualmente, en esa misma población se registra el 41 por ciento de todos los nuevos casos de VIH.

En Guatemala, el Observatorio de Salud Reproductiva advirtió que muchos hombres y especialmente mujeres guatemaltecas no tienen a su alcance a los medios que les garanticen la salud reproductiva; son varias las causas, pero destacan el poco conocimiento sobre sexualidad humana, información y servicios insuficientes o de mala calidad, prevalencia de comportamientos sexuales de alto riesgo y el limitado poder de decisión que tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva.

De nuevo emerge la discusión sobre el papel que debe jugar el Estado y la libertad de las personas a dirigir su vida de acuerdo a sus criterios; no faltarán personas que rechacen tajantemente que sus hijos reciban clases o se informen sobre sexualidad fuera de su casa o que un médico le diga a una mujer qué comportamiento sexual le es más conveniente. “El Estado no tiene nada que ver con lo que pasa en la cama”, es el argumento de muchos, aún en estos días.

No creo que se deba simplificar el tema y mucho menos se debe evadir la realidad guatemalteca; en muchos hogares guatemaltecos, probablemente en la mayoría, no se tienen los conocimientos suficientes y las capacidades para abordar el tema de forma adecuada y para realizar una inducción en base a principios científicos. Además, está visto que todavía muchas familias obran con pensamientos “mágicos” o con una actitud conservadora y evaden este tema.

Marianne Mollmann, asesora general de política de Amnistía Internacional, deja clara la magnitud del problema: “De Indonesia a Perú, de Sierra Leona a Estados Unidos, millones de mujeres y niñas pagan con su vida las políticas de salud fallidas, la atención insuficiente, y las leyes discriminatorias. Muchas sufren discriminación y violencia en sus familias y comunidades, con poca o ninguna esperanza de obtener justicia o recibir apoyo de sus gobiernos”.

“Cada año, millones de mujeres y niñas se encuentran con obstáculos casi insalvables para acceder a la atención a la salud más básica, especialmente cuando se trata de su salud sexual y reproductiva. Se les niega sistemáticamente el acceso a información, anticonceptivos, servicios obstétricos de emergencia, e incluso a reparaciones por la atención de baja calidad”, afirmó Mollmann.

Tenemos dos opciones. Podemos ser testigos de un aumento de embarazos y abortos en adolescentes, neonatos abandonados en los baños y mujeres muertas en la actividad de parto, o sumarnos a los esfuerzos de AI, para exigir el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Podemos ser parte del cambio.