Mañana se cumplen quince años del autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías, cuando decidió disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia para asumir él funciones totalitarias en abierta ruptura del orden constitucional. Todos sabemos que el proceso terminó con la salida del mismo Serrano, quien no pudo consolidar su modelo político y con la posterior investidura de Ramiro de León Carpio como Presidente de la República para terminar el período de Serrano.
Algunos piensan que ese autogolpe y el restablecimiento del orden constitucional fortaleció la democracia y esa tesis debe ser validada a la luz de los hechos, porque hay que preguntarse si el proceso posterior no desperdició la oportunidad real de consolidar la democracia y en vez de eso aumentó el poder de la clase política para mantener una fachada que en la práctica ha abierto espacios pero no ha llegado a generar una auténtica transición hacia una democracia real y efectiva en la que el principal actor sea el pueblo.
El gobierno de Ramiro de León Carpio tuvo la oportunidad de generar un proceso de real transformación de la política nacional porque se había desnudado la deficiencia del modelo democrático que fue secuestrado por la clase política desde la constituyente de 1985 cuando se elaboraron las leyes políticas que negaron la posibilidad de una real democratización de los partidos y se mantuvo un sistema de partidocracia que al final restringe el peso e influencia de la participación ciudadana.
La reforma constitucional de Ramiro de León Carpio fue en el fondo un proceso alentado por los mismos partidos políticos para oxigenarse y para superar la crisis que ellos mismos provocaron en el gobierno de Serrano Elías y de paso fue aprovechada por el sector financiero nacional para incluir la prohibición al Banco Central para dar financiamiento al Estado, lo que provocó una ganancia extraordinaria a ese sector que pagó a los promotores de la reforma.
El Serranazo hace quince años abrió oportunidades para que desde entonces se iniciara un proceso de rescate de la probidad y la decencia, pero la supresión de los gastos confidenciales sirvió para atar al Presidente al Ejército porque la institución armada se convirtió en la caja chica que necesitan los presidentes para seguir disponiendo de recursos no sujetos a fiscalización. Eso es otro de los ejemplos de cómo el remedio fue peor que la enfermedad por la tendencia a la corrupción que hubo en ese régimen que terminó dilapidando la mejor oportunidad que tuvo el país para recomponer su situación y propiciar una auténtica democracia.