Un país como el nuestro debiera ser escenario de grandes y heroicas luchas para enfrentar flagelos como la violencia, la desnutrición y el constante latrocinio que ha llegado a ser el gran ejercicio nacional. Yo sostengo que tenemos un sistema hecho para facilitar la corrupción y que todos los problemas del país se agravan porque los recursos, siempre escasos, terminan dilapidados, pues el Estado ha sido puesto al servicio de esa combinación perversa de politiqueros y sus financistas, que no tienen otro objetivo que el de alzarse con los fondos del erario.

En otros países los pueblos se enervan cuando se divulgan escándalos de corrupción y algunos de los movimientos sociales que hemos visto en el mundo en los últimos años han sido resultado de la indignación popular por la forma en que los dirigentes se roban el dinero público mientras el pueblo vive en condiciones miserables. En Guatemala, en cambio, la corrupción no provoca ningún aire con remolino y definitivamente nos hemos acomodado a aceptarla como algo inevitable. Lejos de que sobre el pícaro caiga la vindicta pública, es el honesto quien es calificado de idiota que no aprovechó la oportunidad para robar.
 
 Por ello es que las luchas políticas en nuestro país no son para corregir las cosas, para obligar a la transparencia y para demandar honestidad de funcionarios y empresarios que hacen negocios con el Estado, mucho menos para reclamar su castigo. ¡Qué va! Si acaso, cuando hay denuncias y disputas, cuando hay pugnas y luchas, simplemente es porque otros quieren comerse el mismo hueso y quieren llegar al poder para hacer más negocios que los que hacen los de turno. Por eso es que la espiral de la corrupción es incontenible, porque cada nuevo gobierno abre nuevas rutas de negocio, abre nuevos caminos del trinquete que aseguran mayores ganancias a los que tienen el derecho de participar en el reparto del jugoso pastel de la corrupción.
 
 Aquí es minoría, una minoría de quijotes pendejos, la que clama realmente por normas de transparencia, por la exigente fiscalización del gasto público porque es más cómodo ver cómo entra uno en el juego de la podredumbre. Al fin y al cabo, bastan unos cuantos contactos y renunciar a los escrúpulos para convertirse en contratista o proveedor de un Estado que acepta mamarrachos de obras o que compra productos sobrevalorados.
 
 No me pasa el escándalo que han armado con el tema de la tipificación del tráfico de influencias, llegando al cinismo de decir que tal y como está propuesta la norma nadie se salva y todos podrían ser perseguidos. Claro que sí, porque precisamente lo que todos hacen para hacer negocios y para obtener privilegios es precisamente traficar influencias de manera descarada. Tan descarada que hasta protestan indignados porque a alguien se le ocurrió escribir un artículo en el que define como delito de tráfico de influencias toda esa práctica común, generalizada y aceptada como lo más natural del mundo, en la que se abusa de la posición para influir en quienes toman decisiones a fin de lograr favores ilícitos.
 
 Hay toda una lucha, institucional, de frente, con nombres y apellidos, para que no vayamos a tipificar como delito de tráfico de influencias “lo que todo mundo hace”. Que no se vea mal que el abogado se reúna con el juzgador para convencerlo de que libere a su cliente, que el empresario almuerce con el ministro para asegurarse que le darán la construcción del edificio o de algunos puentes, o que el importador de medicinas tenga reuniones para influir en quienes deciden sobre los contratos abiertos.
 
 La única lucha política importante en Guatemala es la que se libra cada cuatro años para desbancar a los pícaros de hoy y cambiarlos por otros más voraces.