Hoteles, restaurantes, vuelos y propinas; los frecuentes viajes del presidente ílvaro Colom al extranjero requieren de una importante inversión de fondos públicos, sin embargo éstos se conservan con secretividad, por lo que son imposibles de fiscalizar.
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Con fecha 19 de abril de este año, Diario La Hora publicó un reportaje sobre el número de viajes que el mandatario realizó en más de dos años de gobierno.
En esa oportunidad se explicó que para conocer los costos de los viajes se había solicitado al Ejecutivo un informe detallado de salidas, itinerarios, comitivas y gastos, pero jamás se recibió la respuesta gubernamental completa.
Esto, porque representantes de las tres secretarías que deberían proporcionar los datos sobre los viajes de Colom dijeron que el tema correspondía a otra de ellas.
La Secretaría General (SG), la de Comunicación Social (SCSP) y la de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) indicaron que no les correspondía brindar esa información.
De esta manera, cuando se acudió a la SAAS, una encargada de seguridad de la Casa Presidencial -donde se ubica la entidad- sin siquiera permitir la entrada a la oficina de acceso a la información, indicó que, de acuerdo con la secretaria del Presidente, la información debía se proporcionada por la SCSP.
Al acudir al vocero presidencial, Giuseppe Calvinisti, este señaló que la SCSP no maneja la información de los viajes del Presidente e indicó que debía solicitarse a la SG.
Fue a esta última institución a la que se acudió con una carta formal de solicitud de información, para pedir un detalle de los destinos, fechas y días de duración de cada viaje realizado desde la toma de posesión de Colom.
También se requirió en la carta enviada por La Hora, el detalle del número de integrantes de la comitiva y acompañantes que viajan con el mandatario y el costo total de viáticos; esto último con la especificación del monto que gastó el mandatario y cada uno de sus acompañantes.
Esta carta fue recibida y firmada en la Secretaría General con fecha 21 de abril de 2009, anotando en la copia de la misma la hora, (15:30) y adjuntando los números de teléfono de la Secretaría General (SG), a donde se debía llamar para verificar el proceso de recolección de los datos para lo que se dio un número de expediente a la solicitud, (2010-1142).
Dos semanas después, el 7 de mayo, y luego de realizar diversas llamadas, se recibió información de la SG. Pero el informe estaba incompleto. íšnicamente se indicó la cantidad de viajes realizados, con una reducida cantidad de datos, por lo que la información sobre la asignación de viáticos y demás gastos aún permanecen ocultos.
La información recibida se encuentra en tres hojas de papel bond, en las que no se especifica otros detalles solicitados, como el número de integrantes de las comitivas y los acompañantes que han viajado con el mandatario en cada salida, así como sus gastos individuales.
La misma información que envió la SG a La Hora en dos semanas, fue proporcionada a este vespertino por medio de la Cancillería guatemalteca en término de dos días. Además, los datos de esta última entidad incluían el motivo del viaje del mandatario, información que fue utilizada para escribir el reportaje anterior.
INFORMACIí“N PíšBLICA
El detalle de los viajes presidenciales y su costo no pueden ser encontrados en la página oficial del Gobierno, pese a que es información de oficio.
Esto es evidente al ingresar al enlace de Acceso a la Información en el portal del Gobierno, a cargo de la SCSP, (www.guatemala.gob.gt), en donde en materia de viajes sólo se consignan datos de los miembros de esa instancia durante 2009. La institución incumple con actualizar los datos hasta el último mes como lo manda la ley.
Los montos erogados para cubrir los gastos del Presidente de la República, su esposa y la comitiva no constan en el portal.
Mientras tanto, la página web de la SG (www.sgp.gob.gt) refiere que la información puede ser solicitada en la SAAS, y en el portal de esta última institución (www.saas.gob.g) se indica que para «solicitar información» es necesario acudir a la «6ta. Avenida A 4-18 zona 1 con la Unidad de Información Pública de la dirección de Asuntos Internos», aunque al acudir al lugar no se aceptan las solicitudes.
En contraste, al consultar la cantidad de viajes que ha realizado el vicepresidente Rafael Espada, dicha información puede encontrarse con solo hacer un clic sobre el ícono de información pública y el enlace de viajes nacionales e internacionales, en los que se incluyen gastos erogados
ACCESIBILIDAD
Al respecto, el vocero presidencial, Giuseppe Calvinisti, señala desconocer por qué el proceso de obtención de la información fue tan «tardado» e inútil, pues no se proporcionó la información que se había solicitado.
Calvinisti asegura que deben existir los medios para poder obtener la información, pues, a menos que comprometa de alguna manera la seguridad nacional o una misión diplomática, el proceso de investigaciones u otros asuntos, esta debe ser pública y accesible para todos.
«Este tipo de información de gastos de representación sí deberían estar accesibles a toda persona que la requiera, yo creo que se debería solicitar de nuevo la información, tal vez dirigida de alguna manera diferente», indicó
Además, el portavoz sugirió solicitar audiencias para pedir la información de manera personal o buscar otro mecanismo que permita recopilar esos datos, pues aseguró que «la información tiene que estar y debe ser pública y debemos tener la apertura para que todas las personas que la necesiten la puedan recibir a tiempo».
Por otro lado, al consultarle sobre la falta de información en la página de Internet de la Presidencia, y que sucede lo contrario con los gastos del vicemandatario, Calvinisti señaló que la diferencia puede derivarse de procesos administrativos distintos, pues son secretarías distintas las que cargan la información.
Pero reiteró que «la Ley de Libre Acceso a la Información es la misma para todos, la información tiene que estar y creo que es tan fácil como solicitar la información de nuevo aunque se tarde más tiempo por los procesos».
RENDIR CUENTAS
Según la Constitución Política, una de las atribuciones del Congreso de la República es «conocer con anticipación, para los efectos de la sucesión temporal, de la ausencia del territorio nacional del Presidente y Vicepresidente».
El procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, asegura que la información sobre los viajes al extranjero debe ser pública y de fácil acceso a todas las personas, pues estos no se contemplan como reservados.
«No encuentro la razón por la que no se hayan entregado los datos», dice Morales, «en todo caso la Procuraduría va a hacer las consultas al Ejecutivo para poder saber cuál es la reacción de ellos», señala.
Además, indica que se muestra contradictorio el manifestar la intención de transparentar los gastos, pero se presentan dificultades para obtener información sobre los viajes.
Para la diputada Nineth Montenegro, quien ha fiscalizado constantemente los programas sociales del Consejo de Cohesión Social, es «grave que el Presidente no entregue un informe de lo que gasta en sus viajes», además opina que esta información tiene que hacerse pública, incluso en la página web de la Presidencia, pues se trata de información pública y es dinero del Estado.
«Al Congreso entrega un informe avisando que se va y cuando regresa indica los logros que se obtuvieron, no es necesario que diga cuánto gastó, pero la Ley de Libre Acceso a la Información dice que cualquier ciudadano debe y puede solicitar esa información», señala la parlamentaria.
Además, Montenegro indica que espera que esta falta de información se deba a «un lapsus» y «que esto se arregle», ya que es bueno que la población se informe y conozca. Para fiscalizar este gasto, explica la diputada, se debe reiterar el interés que se tiene por conocer la información, de no ser atendidos, se deberá presentar un recurso de revisión y de persistir esa negativa se puede denunciar por denegatoria de la información y conseguirla mediante la orden de un juez.
Por otro lado, Luis Linares, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), opina que al no tener un fácil acceso a estos datos se incurre en un incumplimiento a la Ley de Libre Acceso a la Información, pues esta establece que datos como estos deben estar publicados en la página web de cualquier dependencia y que esto no excluye a la presidencia.
Además, señala Linares, con esta dificultad para obtener la información se transmite un mal ejemplo hacia otras instituciones que pueden replicar la poca accesibilidad
«Si los viajes y los gastos que se realizan en ellos son razonables no deben existir motivos para esconder la información», indica el representante de Asies, a la vez que señala que la negativa a proporcionar los costos de los viajes al extranjero contribuye a fortalecer a la oposición y da argumentos para que esta se oponga a no incrementar los ingresos del Estado.
Además, el entrevistado señala que aun cuando no se le hiciera un daño directo a la población con esta dificultad de obtener los costos, existe una ley y un mandato que tiene que cumplirse, «no importa si ese ocultamiento se hace porque se considera que no debe darse, o que hace daño o favorece la imagen del Presidente, la ley tiene que cumplirse», dice.
Para conocer de qué manera la Contraloría General de Cuentas realiza la fiscalización sobre este rubro se intentó conversar con el contralor Carlos Mencos, sin embargo, según indicaron dos colaboradores, el funcionario se encontraba en una reunión y no pudo atender las llamadas.
En reiteradas oportunidades, durante más de una semana, se intentó establecer contacto con el funcionario, pero los esfuerzos no dieron resultados positivos.
A continuación se transcriben dos de las atribuciones que la entidad debe ejercer y que se encuentran en su página de internet (www.contraloria.gob.gt).
«Efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras-administrativas a través de la práctica de auditorías con enfoque integral a los organismos, instituciones, entidades y demás personas a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, emitiendo el informe sobre lo examinado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y de auditoría gubernamental vigentes».
«Auditar, emitir dictamen y rendir informe de los estados financieros, ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y los de las entidades autónomas y descentralizadas, enviando los informes correspondientes al Congreso de la República, dentro del plazo constitucional».