No recuerdo con certeza en cuál de los últimos gobiernos del siglo pasado se nombró a un ministro de Gobernación a quien los periodistas preguntaban con regularidad sobre diferentes sucesos noticioso a lo que el funcionario respondía como grabadora: “se están o se van a tomar medidas o ya se tomaron medidas”, por lo que los reporteros le pusieron de apodo “el sastre”, porque solo tomando medidas se mantenía.
Este concepto de “la toma de medidas” se trasladó a otros altos funcionarios y en general a todo el gobierno e incluso a otros organismos del Estado, por lo que eran funcionarios, o gobiernos “sastres” porque la toma de medidas solo eran respuestas distractoras sin que realmente se obtuvieran resultados tangibles.
Viene esto a mi memoria porque si en aquel entonces se puso de moda el ministro sastre, ahora, al escuchar, ver o leer las declaraciones de los funcionarios actuales bien podríamos hablar de funcionarios “policías” porque con regularidad ante anomalías, hechos de violencia, actos de corrupción, impunidad en general, etcétera, casi siempre suelen contestar con la palabrita “se está investigando o se va a investigar”. Y al igual que el Ministerio Público viven en una eterna investigación sin que se aclaren hechos delictivos que incluso llevan no solo el acompañamiento de los rumores tan frecuentes en el país los medios de comunicación especialmente elPeriódico y Prensa Libre realizan investigaciones serias sobre actos corruptos sobre los cuales se pide la opinión del Presidente y Vicepresidenta particularmente ya que se erigieron durante la campaña electoral en los adalides de la lucha contra la corrupción y la impunidad y se zafan diciendo que se investiga o se investigará. Lo que nos permite indicar que así como tuvimos un gobierno “sastre” ahora tenemos un gobierno policía que se mantiene en proceso de investigaciones.
Los chismes o rumores sobre malos manejos en las altas esferas del gobierno son muchos, pero los indicios sobre ciertos casos hechos públicos con evidencias que de verdad permiten recabar pruebas contundentes se quedan en el vacío y en declaraciones, ya sea porque los presuntos responsables son allegados al Presidente y sobre todo a la Vicepresidencia quien desde un principio dijo que se encargaría de velar por la “transparencia” de los actos públicos, o porque “políticamente” no les conviene molestar a los corruptos o corruptores (los que ofrecen los sobornos para que entiendan).
Los últimos casos de estas situaciones se han registrado con ocasión del lamentable y trágico terremoto del 7 de noviembre que causó mucho daño tanto material como personal y donde se desnudaron las deficiencias en obras públicas “de cartón”, adjudicadas por juntas incompetentes o proclives al soborno. Y cada carretera mal hecha, cada escuela, cada puente, cada hospital, solo damnifica a las gentes de más escasos recursos por lo que el cohecho (soborno) tiene una doble connotación trágica: la prostitución moral de personas e instituciones públicas, la pérdida del dinero que el pueblo le entrega al gobierno y los consiguientes daños a los pequeños, medianos y grandes empresarios, aunque estos últimos tengan parte de la responsabilidad en que ocurran estos sobornos, por lo que no basta estar diciendo que “se va a investigar”, para que quede plasmado en los noticieros tal respuesta, sino las acciones las deben ejecutar bajo las órdenes de la vicepresidenta y también del presidente.
No queremos un “gobierno policía”, que coloca en puestos claves personas deshonestas y amorales, pero tienen el mejor de los currículos que se da en el país, SER CUATAZO o FAMILIAR de alguno de los que mandan actualmente, desde el jefe del Ejecutivo y sus funcionarios, hasta diputados, magistrados, jueces, alcaldes, etcétera en donde roban a mansalva y están seguros que aunque se diga que se investigará, todo se queda en palabras, tan solo palabras