Las clases dominantes y los sectores de poder, político y económico, en El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran en situación desesperada y recurren a la represión y la violencia política para mantener sus privilegios. Su aliado estratégico, Estados Unidos, todavía los respalda; pero cada día se vuelve más indiferente ante sus problemas, en buena medida por ser un imperio en declinación. Resulta evidente que con la aplicación de la represión y el uso de la violencia estos sectores de poder aceleran su colapso; pero, mientras tanto, siguen sembrando muerte y causando múltiples padecimientos a sus respectivos pueblos.

Honduras se encuentra a las puertas de una elección presidencial crucial, el domingo, 24 de noviembre. Pese al golpe de Estado y la aplicación de medidas represivas, vía juicios absurdos y persecución del movimiento social, así como violencia política, que ha causado la muerte de numerosos líderes de organizaciones sociales y políticas de oposición, el pueblo hondureño se apresta a elegir a Xiomara Castro, esposa del ex presidente Zelaya, como la nueva mandataria. Para evitar este resultado, verdaderamente popular, las fuerzas oscurantistas de Honduras se han movilizado para acallar las demandas del pueblo. Por un lado, se han abierto juicios vergonzosos contra líderes sociales, tales como Berta Cáceres (COPINH); por otro, han sido asesinados, bajo la cortina de humo de la delincuencia criminal que hace de Honduras el país más peligroso del mundo, muchos dirigentes de oposición y del movimiento social. Más recientemente, la misión observadora de las elecciones, enviada por la organización que promueve la eliminación de la tristemente famosa Escuela de las Américas (conocida como Escuela de Asesinos), fue impedida de acceder a Río Blanco, para constatar las violaciones de los derechos humanos y la impunidad.
La situación de Guatemala es similar, con represión del Estado y gubernamental que se ha intensificado durante el gobierno de Otto Pérez, como han sido los casos abiertos en tribunales de muchos dirigentes de los movimientos por la defensa de los territorios, las tierras y los recursos de los pueblos indígenas y los casos de dirigentes estudiantiles por pintas en las calles. Lo que es peor, sicarios contratados por el sector privado y a veces fuerzas policiales y del ejército han sido directamente responsables de violencia y asesinatos de mujeres y hombres comprometidos en las luchas sociales. Un reciente monumento en la cumbre de Alaska conmemoró el primer aniversario de una nueva masacre, sin que haya sido la última. Los sectores de poder siguen defendiendo a sangre y fuego sus privilegios, incluido el de expoliar, junto a empresas extranjeras, los recursos nacionales. El 18 de noviembre, la caza de dirigentes sociales se extendió a El Salvador, con el asesinato de Marvin Alexander Ramos Rivera, uno de los fundadores del Partico Socialista Centro Americano (PSOCA) y miembro de la Asociación de Consejos Originarios de Cuzcátan. Si bien no es la primera vez que los sicarios han actuado en ese país, este hecho grave marca una profundización de la violencia política.
Ante la represión y violencia política contra el movimiento social y la izquierda política se hace necesario lograr la más amplia unidad de los sectores democráticos, que rechazamos las prácticas fascistas de quienes intentan sembrar el terror. Instamos a la conformación de un gran frente por la vida y la libertad política que integre a todas las organizaciones y personas que en Centroamérica son víctimas de la violencia política y la represión del Estado. Después de más de medio millón de víctimas a manos del “terrorismo de Estado”, en los 70s, 80s y 90s, no podemos permitir otra ola de muerte. Es indispensable la unidad y la organización para defender la vida.