No esperaba que fuera solo un juicio más. Después de más de una década, por fin, dos importantes exmilitares iban a ser sentenciados por un desfalco millonario y se haría justicia, supuestamente, como manda la Ley. Sin embargo, ese día decisivo, el sistema nos falló una vez más.

Si algo sabemos bien los guatemaltecos es que la “justicia” puede ser injusta y lo vimos claramente el pasado 3 de junio en el proceso contra los exmilitares Jacobo Salan Sánchez y Napoleón Rojas, exasesores de Seguridad del expresidente Alfonso Portillo, quien gobernó entre 2000 y 2004.

Por un  desvío calculado en Q30 millones en el Ministerio de la Defensa, que fue comprobado por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, los exmilitares solo fueron condenados a cinco años y tres meses de prisión,  por su complicidad en el delito de peculado.

Aunque el proceso concluyó con una condena para dos de los implicados, el mensaje que se transmitió a la población fue otro: Pueden desviar millones y solo pasarán unos años en la cárcel, si cuentan con el respaldo de grupos de poder. 

Y es que al final, este tipo de “castigos” solo dejan un sabor a impunidad en la boca de quienes exigimos justicia y condenas ejemplares en casos de corrupción, y no irrisorias penas de cárcel que ya casi fueron cumplidas por los condenados.

Los dientes se aprietan, la garganta se cierra, la respiración se agita y luego se siente un sabor muy amargo en la boca. Ese es el sabor de la impunidad. Es lo que se experimenta cuando todo el sistema de justicia protege a quienes debería combatir.

Muchos tratan de ignorar el sabor de la impunidad, ya sea con el futbol, la farándula u otras formas de entretención, pero algunos no podemos evitar los sentimientos que surgen cuando presenciamos tremendas injusticias avaladas por las propias autoridades.

Por otro lado, no me explico cómo se pudo comprobar la implicación de los dos exmilitares (aunque se les haya otorgado una condena favorable), mientras que el proceso contra Portillo, con el aval de las propias autoridades, terminó sin una condena.

Tampoco me explico cómo se avala la declaración de un implicado en el caso, que no tiene la solvencia suficiente pare acusar a quienes en un  momento fueron sus cómplices en la comisión de un delito.

Las cosas no se pueden quedar así y los fiscales del caso deben continuar con las investigaciones para encontrar más datos que sirvan para fundamentar sus acusaciones o incluso, para iniciar nuevos procesos contra los señalados por otros delitos que aún no conocemos.

Hay pocas cosas que no se pueden tolerar y mucho menos aceptar en una sociedad democrática, y una de esas es la impunidad, y no me refiero solo al caso de los exmilitares, sino a todos los delitos que siguen impunes a pesar de que ya son conocidos en el sistema de justicia.

No es necesario esperar a actuar cuando nosotros seamos las víctimas directas de la impunidad; al final, el sistema de justicia es una responsabilidad de todas y todos.