Con un Renap que genera más dudas que certezas; con un gobierno que manipula el presupuesto, los fondos “electorales†o sociales y a burócratas como los maestros con fines electoreros; con cierta clase política que se esmera y logra demostrar que se puede pasar cualquier norma elemental por el arco del triunfo; ¿vale la pena insistir en una candidatura?
Bajo los parámetros de polarización y vacío institucional que hay en un país copado por el crimen organizado y controlado en casi su totalidad por los grandes carteles de la corrupción administrativa a partir de los financistas de las campañas políticas, no parece que lo más conveniente sea generar la simple posibilidad de demostrar que la Constitución se puede violar y que no hace falta que se alterne el ejercicio del poder para que quienes nos han gobernado estos cuatro años, lo sigan haciendo.
Ayer decía el Arzobispo Metropolitano, Oscar Vian, que hace falta respeto a la Carta Magna y que “si no se puede, no se puedeâ€. ¿Sencillo? Pues pareciera que algo tan elemental no lo es para mentes con una amplia capacidad de retorcer las normas legales pero que se sienten con la capacidad y el derecho de dirigir los destinos del país.
El riesgo que tenemos, o la oportunidad tal vez, es que esa obsesiva y enfermiza ambición de poder sea lo que le hace falta a Guatemala para que se dé el paso al abismo que nos haga tocar fondo como sociedad, como Estado, para obligarnos a resurgir al sentir que, verdaderamente, hemos llegado al punto más bajo que se puede alcanzar.
Una pregunta en caso de consumar la participación ilegal y de un hipotético (muy hipotético) triunfo para los oficialistas sería ¿Con quién han de gobernar? Porque, evidentemente, la legitimidad de un gobierno que surge de la farsa, de la burla, de la desfachatez hacia el sistema legal de un país, no puede ser facilitadora en la construcción de puentes que permitan la interlocución en una sociedad sedienta de acuerdos, muriendo de hambre y desangrándose en la violencia.
Repetimos que el riesgo que tenemos es que si sucede lo que se ha cantado con tiempo sobre la sumisión de algunos magistrados que fueron colocados tras la oscura participación de operadores oficialistas en las elecciones de la CSJ y la CC con la exclusiva misión de “avalar†la participación ilegal, el país estaría tirando al vacío la institucionalidad, la estructura legal y el más mínimo y elemental respeto que un político debe demostrar por los ciudadanos de su Estado.