Julio Donis

La iniciativa de reformar la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos tiene caracterí­sticas muy particulares, pues a diferencia de otras leyes, ésta es la única que afectando directamente a los partidos, su reforma debe ventilarse en público. Es algo así­ como informarle al vecino los cambios que quieres hacer en tu vida. Esto connota e implica un ejercicio de madurez polí­tica y además ofrece a los polí­ticos, la oportunidad de enviar un mensaje público y claro sobre sus intenciones en tanto vehí­culos, representantes y agregadores de los intereses sociales; obviamente con las presiones o las posibilidades de rigor (si quiere) que acontece en una sociedad que cambia de la noche para el dí­a, fruto de una falsa expectativa de modernidad que es más consumista que humana.

Ese escenario tan particular, le impone a los polí­ticos en el Congreso la incomoda situación de tener que justificar cambios que les afectarán en principio a ellos mismos. En mi criterio esto debe leerse como la oportunidad de argumentar por qué es necesario modernizar el marco normativo que rige tanto al sistema electoral como al sistema de partidos polí­ticos. Esto mismo resulta todo un reto al temple y a la capacidad de visionar a futuro, tanto para los polí­ticos como para sus detractores. Si se aborda desde la visión cortoplacista y pequeña, se pueden identificar abordajes tendenciosos y sutiles inducciones como las notas que se pueden encontrar en medios escritos que prejuzgan una reforma sin siquiera haber sido presentada aún al pleno del Congreso. Esto se puede entender al leer «Acuerdan cuadruplicar el techo de gastos a partidos» o «…Buscan quitar a comunas las consultas populares» incluso en reportajes como «polí­ticos madrugan».

Arraigo

No entiendo la opinión bastante generalizada de «lo ideal es menos partidos» cuando no es la cantidad la primera variable sino la fortaleza institucional; se pueden tener quince o cinco partidos pero lo esencial es su arraigo, su organización territorial, su solidez ideológica, etc. A contrapelo, es difí­cil leer en un medio algo que aplauda la apuesta por incrementar el financiamiento público del sistema de partidos polí­ticos. También es igual de difí­cil encontrar alguna declaración de polí­tico alguno, defendiendo por ejemplo la necesidad de un sistema de multas y sanciones para una efectiva fiscalización de las organizaciones polí­ticas.

Ahora bien, si se enfoca con un lente de mayor alcance y se tiene la perspectiva de progresividad y la secuencia en el impacto que puede tener en el tiempo un cambio en la legislación electoral de hoy, con reflejos en dos o tres elecciones adelante, se podrá entender por ejemplo la apuesta por incrementar el financiamiento público a los partidos polí­ticos. Un enfoque de esta naturaleza ofrece el entendimiento constitucional de una ley como ésta y su implicancia con otras leyes como la Ley de Probidad, el Código Municipal por decir algunas; también implica comprender que su reforma puede ser multidimensional; me explico: los cambios que los partidos y Tribunal Supremo Electoral promuevan, pueden afectar a las instituciones implicadas en un abordaje que proponga una mayor efectividad de su gestión y no necesariamente una modificación legal. Otra longitud de la reforma puede entenderse si se aplican cambios a los procedimientos organizacionales, logí­sticos, administrativos, que deben desarrollar tanto órgano electoral como partidos o aún el nuevo ente registrador civil.

El sistema de partidos polí­ticos afronta rezagos históricos que los exponen a una atmósfera compleja, de múltiples demandas sociales y polí­ticas a las cuáles debe saber responder con prontitud y con la estrategia de una debida implantación no sólo territorial sino organizacional. Esta batalla la llevan perdida. Por otro lado, el sistema electoral necesita ser evaluado desde la efectividad que ha tenido para hacer concreto el ejercicio ciudadano del derecho polí­tico del voto. No sólo se trata que más gente vote sino que el mismo sea conciente y fruto de una decisión polí­tica, digo esto con las limitaciones de rigor que ofrece la democracia electoral.

Recomendaciones

En este escenario, la reforma electoral y de partidos polí­ticos que discuten los polí­ticos en el Congreso, en cooperación con el Tribunal Supremo Electoral, a la luz del prejuicio de los medios de comunicación y sobre los temores, dudas, presiones e intereses sectoriales de algunos de ellos, me permito sugerir algunos temas a ser considerados: el fortalecimiento de la función fiscalizadora del TSE incrementando sus recursos y capacidades; definir la responsabilidad institucional explí­cita para el establecimiento de la residencia de las personas, como insumo para el nuevo documento de identidad, como para el padrón. Así­ también reforzar la integración de los órganos electorales intermedios para evitar su corporativización.

Así­ también hacer eficiente la inscripción del ciudadano, su nuevo documento de identidad deberí­a favorecer su acreditación en el padrón electoral de una vez. Estabilizar e institucionalizar el sistema de partidos eliminando la posibilidad de conservar su registro legal si no participan en el proceso eleccionario; fortalecer el financiamiento público a través del aporte del Estado y ofrecer la posibilidad que dichos recursos sean invertidos tanto para las campañas como para la vida institucional de los mismos.

Además se debe fortalecer la inclusión en los partidos ví­a mecanismos de acción afirmativa para mujeres e indí­genas. Establecer un marco de sanciones efectivo que controle las contribuciones privadas a partidos y candidatos, destacando más una acción transparente que prohibidora o inhibitoria. Considerar la limitación al gasto electoral y analizar la posibilidad de una franja de acceso a los medios de comunicación que favorezca condiciones de equidad, tanto para pequeños como para grandes.

Rediseño del sistema electoral

Y finalmente, el tamaño del Congreso; es necesario abordar el tema desde el rediseño del sistema electoral y no desde la cantidad de diputados. Hay que separar ese número mágico de la efectividad polí­tica o el costo del parlamento. Nuevamente no es el número lo que importa sino pensar en la distribución distrital para repensar la calidad de la representación.

La reforma está en ciernes y quizá el momento polí­tico no es el mejor, tal vez es de mayor pertinencia apoyar primero las reformas internas al Congreso para apañar el desgaste institucional sufrido este año, hay que saber aguantar para subirse a la ola correcta y dejar esperar que las aguas se tranquilicen y para que la barca navegue tranquila a la orilla, eso sólo lo podrá medir y decidir el polí­tico.