Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas advirtió ayer sobre un peligroso resurgimiento en la utilización de mercenarios en diversas partes del mundo.
El grupo dijo además que ha habido un gran crecimiento de compañías militares privadas que operan sin regulación y sin responder por violaciones a derechos humanos.
El Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios, integrado por cinco miembros, señaló en un reporte a la Asamblea General de la ONU que fuerzas mercenarias en Libia y Costa de Marfil supuestamente estuvieron involucradas en violaciones graves a los derechos humanos, al igual que a algunas empresas militares privadas en Irak y otros sitios.
Faiza Patel, quien dirige el Grupo de Trabajo, dijo durante una conferencia de prensa que los Estados deberían cooperar para eliminar el uso de mercenarios y regular las actividades de empresas militares privadas.
«Eventos recientes en ífrica demuestran claramente que los problemas generados por mercenarios siguen siendo un asunto vigente», dijo, y agregó que estos combatientes extranjeros contratados son utilizados de maneras nuevas y originales.
Patel dijo que hay suficiente evidencia de que el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo utilizó a unos 4 mil 500 liberianos mercenarios para evitar ser depuesto luego de perder las elecciones de 2010.
En Libia, agregó la funcionaria, hubo diversos reportes de que combatientes extranjeros reclutados de países vecinos del norte de ífrica y de países de Europa oriental por el gobierno de Moamar Gadafi fueron utilizados para atacar a manifestantes pacíficos a principios de año.
«Los mercenarios siguen siendo reclutados y están en activo en varias partes del mundo», afirma el reporte. «Las actividades mercenarias suelen constituir una amenaza a la paz y a la seguridad nacional y regional. Asimismo, tienen un impacto grave en el derechos de los pueblos a la autodeterminación y al ejercicio de sus derechos humanos».
El grupo de trabajo exhortó a los países a arrestar y procesar a mercenarios acusados de haber cometido violaciones graves a los derechos.
Entre 30 y 40 países avalan la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, y el grupo instó al resto de las naciones a ratificar el tratado.