Indignados han reaccionado varios diputados del Congreso de la República por la orden que dio el Presidente a sus ministros para que no atiendan las citaciones que les hagan; la tesis del gobernante es que conforme a la ley, los ministros pueden hacerse representar por sus viceministros, aprovechando que en su último párrafo, el artículo constitucional que establece la “obligación” de asistir a citaciones, permite tal representación.
El manoseo de las leyes no es cosa nueva y por lo tanto ahora tenemos que acostumbrarnos a que cualquiera haga las interpretaciones que le venga en gana. Si Pedro Muadi considera que basta con trasladar a una Comisión el tema del Estado de Calamidad, no vemos por qué se tenga alguien que sorprender de la decisión de Pérez Molina de simplemente ordenar a sus ministros que manden por un tubo a los diputados.
El Estado de Derecho en Guatemala se ha convertido en una burla constante a lo que establecen nuestras leyes porque las autoridades decidieron que pueden hacer lo que les da la gana. Y pueden hacerlo porque no hay quién se oponga, quién objete ni quién ponga las cosas en orden. La Corte de Constitucionalidad dejó de ser esa institución de supremo arbitraje cuando habían discrepancias en la interpretación de la norma fundamental, porque acomoda sus resoluciones al gusto del cliente y por lo tanto no es ya una garantía confiable de la preeminencia del derecho.
Los diputados no pueden alegar mucho ante lo que ha dicho el Presidente porque no hay órgano más desprestigiado que el Congreso de la República como resultado de sus propias actuaciones. Y como el respeto no se establece por decreto sino que se gana con acciones, no podemos confiar en que haya una reacción popular de defensa de la institucionalidad porque en el fondo se sabe que muchas, si no todas, las citaciones que se hacen a los ministros son para chantajearlos, para sacarles plazas o contratos para los que trafican influencias en el Congreso y por lo tanto no sólo son una pérdida de tiempo, sino una maniobra de la corrupción.
Los pocos diputados que han logrado realizar una eficiente labor de fiscalización y que han demostrado malos manejos gracias a citaciones que han hecho a funcionarios, se quedarán ahora sin la posibilidad de realizar su función porque está visto que al Congreso nadie lo respeta, mucho menos el titular del Ejecutivo que sabe cuál es el precio de cada diputado y, por lo tanto, les tiene la cola machucada para que no vayan a alegar más de la cuenta.
Minutero:
Signos de depuración
se notan en lontananza;
pero no es contra la corrupción
sino para asegurar más la transa