Hay muchí­simos aspectos en los que se puede detectar el frágil carácter del Estado de Guatemala que en algunas de sus funciones cae de plano en la calidad de fallido, pero en el tema de la seguridad ciudadana es más que obvio que no existe ni siquiera un atisbo de plan para enfrentar el problema y que la sucesión de cambios, tanto en el Ministerio de Gobernación como en los mandos de la Policí­a Nacional Civil, se ha traducido en mayor inseguridad, y aliento a las bandas criminales que pueden operar con toda tranquilidad.

El problema del incremento en el número de muertos por la violencia se agrava porque la ciudadaní­a se da cuenta que esa situación no provoca reacción alguna de las autoridades. Ni desde el punto de vista de la prevención ni, mucho menos, desde el punto de vista de la persecución penal para el castigo de los criminales, el Estado muestra un aire con remolino. Y es que además de las muertes violentas, que son por supuesto lo más grave de todo, existen otros delitos que también se cometen en el marco de la mayor impunidad. El número de secuestros va en aumento según los expertos, así­ como el de las extorsiones que se realizan a personas de toda condición o estrato social, no digamos los asaltos que igual afectan al automovilista detenido en medio de los constantes embotellamientos de tráfico, como a los pasajeros de los buses o a los peatones que transitan por las calles aledañas a sus lugares de trabajo o sus viviendas.

Existe en realidad un absoluto estado de indefensión que perturba la vida cotidiana, pero que no es suficiente para generar una auténtica preocupación de las autoridades que se traduzca siquiera en muestras de interés por el drama que sufre la población. La cantidad de gente que ha tenido que abandonar sus viviendas por las extorsiones, sumada a la de familias que sufren el flagelo del secuestro o la pérdida de un ser querido, es impresionante pero ni así­ alcanza para forzar a que nuestro gobernante se ponga la mano en la conciencia para entender que la función esencial del Estado, que es garantizar la vida y la seguridad de las personas y sus bienes, está siendo objeto de un notorio descuido.

Preocupa ver la actual indiferencia de la opinión pública, que pareciera haberse acostumbrado a la violencia igual que nuestras autoridades, porque de hecho nuestra actitud de dejar pasar esta dramática situación contribuye a que se vayan afianzando las redes criminales que aumentan en la medida en que los guatemaltecos volteamos la vista hacia otro lado, remedando al Gobierno en eso de hacernos babosos de lo que está pasando.

No puede ser que sigamos así­, que nos conformemos con asumir que es parte de nuestra realidad y que poco o nada podemos hacer para cambiarla. Urge un aire con remolino no sólo de las autoridades, sino también del pueblo.