Por mayores que sean los esfuerzos para encontrar una justificación a la decisión de los postuladores para realizar una votación que tiene la finalidad de promover el secreto, no puede uno aceptarlo porque nada revierte el argumento de que el secretismo fomenta todos los males que han sido causa de la crisis de nuestro sistema de justicia. Por mucho que puedan explicar los miembros de la comisión, sus argumentos resultan vanos ante la certeza de que únicamente la transparencia permitirá la designación de los mejores aspirantes.
En efecto, si se escudan en el voto secreto depositado en una urna, nadie será en el fondo responsable del listado que se produzca al final de cuentas. Hoy en día, si uno pregunta a anteriores postuladores por qué propusieron a gente que ha causado profunda decepción, resulta que tales nominaciones, las peores, salieron de la nada porque no hay nadie que se haga cargo de ellas. Todos coinciden en que la mala postulación fue obra «de los otros» y eso fomenta y facilita que los agentes del crimen organizado y los que tienen encargo de promover agendas políticas definidas, puedan terminar encumbrados en una magistratura.
En cambio, aunque sea por recato, los postuladores se abstendrán de proponer al menos a los que públicamente son señalados ya como la encarnación de los vicios que ha sufrido nuestro sistema, si la votación se hace de manera pública y nominal, de forma tal que todos sepamos quiénes son los padres de cada una de las criaturas.
Revertir la tendencia de la impunidad y el manoseo de las Cortes, llevado al extremo por la Suprema cuando por disputas de intereses se violentó el orden legal al no elegir al Presidente del Organismo Judicial durante demasiados meses, es ahora un imperativo para evitar el colapso que algunos anticipan ya de las instituciones públicas de Guatemala. Por ello es que nunca había sido tan importante la elección de magistrados como ahora y nunca había sido tan crucial el comportamiento de los miembros de las Comisiones de Postulación.
Garantizar un buen sistema de justicia tiene que ser el objetivo central de la sociedad guatemalteca en estos momentos, cuando la impunidad no sólo alienta la corrupción sino también la violencia asesina que diariamente enluta a muchos hogares en Guatemala. En ese objetivo no podemos actuar con medias tintas y evadiendo responsabilidades, por lo que dar la cara con gesto de entereza cívica es un imperativo para todos y cada uno de los que conforman las comisiones encargadas de postular a los abogados que tendrán la responsabilidad de administrar justicia.