Las últimas declaraciones de Mauricio López Bonilla en relación a la proliferación de actividades económicas criminales de lo más variado, y la conformación de fuerzas de tarea para hacerles frente, permiten efectuar una serie de reflexiones interesantes sobre lo que algunos autores han llegado a denominar “La Economía Política del crimen y la inseguridad en América Latina”.
López Bonilla ha arremetido ya en contra de la impunidad de los vendedores de celulares frente al Teatro Nacional, y me han impresionado sus declaraciones en relación con ese desordenado asentamiento humano llamado Chimaltenango, en donde proliferan talleres informales que comercian con hueseras de todo tipo, incluyendo las que forman parte de la cadena de autos robados.
Adicionalmente a lo anterior, un reportaje de un matutino, el domingo pasado, llama la atención en relación a “la bomba de tiempo”, que amenaza a otro asentamiento humano, el de Escuintla, en donde con la mayor impunidad se vende al menudeo gasolina, aparentemente robada de pipas de transporte.
Siguiendo con el antecedente de uno de los tantos diputados corruptos, que ahora está preso por dedicarse al robo de pipas de combustible, podemos darnos cuenta que la situación en vez de solucionarse, ahora se extiende usando los eslabones humanos precarios de las ventas informales, en donde cientos de “pequeños empresarios comerciantes”, como suele llamárseles erróneamente, se dedican al expendio callejero de gasolina, como si fuese venta de aguacates, con el tremendo riesgo de las potenciales explosiones de ese líquido inflamable, que se guarda en los humildes domicilios.
Ahora bien, si se trata de actividades económicas criminales, debe entenderse que prevalece lo que los autores modernos sobre desarrollo económico denominan “cadenas de valor”, que consisten en unos eslabonamientos sucesivos entre diferentes actores que establecen contratos entre sí, desempeñando diversas etapas de proceso económico productivo alguno, en donde hay que explorar quiénes se llevan la mayor tajada, para cortar los nudos gordianos.
En la esfera de lo criminal entonces hay una cadena de valor, por ejemplo, de los teléfonos celulares, que comienzan desde el importador de los mismos y terminan en los eslabones más desparramados del sistema que consisten, ya sea en el kiosco despachador, la tienda vendedora de tarjetas, o bien ahora el revendedor de teléfonos robados en el Mercado del Guarda o frente al Teatro Nacional. En tal sentido, el robo de un celular estimula la demanda, en virtud de que al ser un producto esencial, provoca que la persona afectada rápidamente busque su repuesto, pues tiene un contrato establecido, lo use o no.
Conviene tener en cuenta que tanto la denominada “economía legal o moderna” y la “ilegal o criminal”, tienen intersecciones de eslabones poco configurados y difíciles de determinar, en donde tienen harta responsabilidad de actuar entes como la Superintendencia de la Telecomunicaciones y las gerencias y presidencias de las grandes compañías de telecomunicaciones del país, léase Claro, Tigo y demás, si en verdad estas grandes empresas creen y practican la Responsabilidad Social Empresarial.
Muy poco tiene que jugar en el concierto de naciones una sociedad que no tenga orden en su interior, en donde la impunidad de orinarse en un arriate, de vender gasolina en cualquier lugar, o bien vender teléfonos robados, se convierte en un verdadero deporte, para babosearse al fisco o la autoridad. El rompimiento de esos eslabones grises es pues una de las soluciones más inteligentes.