La empresa minera transnacional Tahoe Resources, casa matriz de la minera San Rafael, celebró su reunión anual de accionistas ayer por la mañana en Vancouver, Canadá, pero no logró llevarla a cabo sin respuesta.

Mientras se reunían los accionistas y directivos de la empresa dentro del Hotel Georgia en el centro de la ciudad, un grupo de activistas canadienses, guatemaltecos y otros realizó un plantón enfrente del hotel.

Llevando pancartas y fotos ampliadas, denunciaron la violencia provocada por la presencia de la Tahoe Resources en Guatemala y expresaron ayer su solidaridad con las comunidades afectadas por el proyecto El Escobal y con la población que hasta hace poco estaba viviendo bajo Estado de Sitio en cuatro municipios de Santa Rosa y Jalapa.

“Quise expresar mi solidaridad con el dolor y sufrimiento de la comunidad en Guatemala que sufre los efectos del abuso por las acciones de la compañía minera canadiense y la complicidad del gobierno,” manifestó Gerardo Munarriz, un abogado peruano que ahora reside en Vancouver, prosiguiendo su doctorado y trabajando en un centro de apoyo legal para migrantes.

También dijo que quiso “expresar acá en Vancouver a los canadienses que hay una compañía canadiense que crea dolor y muerte en Guatemala. Por eso estoy acá.”

La acción la convocó esta semana la Alianza por la Justicia Minera (MJA, por sus siglas en inglés), una coalición de grupos e individuos que se organizó en solidaridad con comunidades afectadas por la minería en distintos países del mundo.

Los manifestantes se quedaron en la acera al lado de la entrada principal del hotel, discutiendo el tema con los transeúntes. Repartieron folletos que destacan la tergiversación de los hechos por parte de Tahoe Resources en cuanto a los incidentes ocurridos en Santa Rosa y Jalapa el 27, 29 y 30 de abril.
El 1 de mayo la empresa publicó una declaración en la cual su presidente Kevin McArthur señaló que “la violencia proveniente de influencias foráneas se ha intensificado en las últimas semanas desde que recibimos nuestra licencia de explotación.”

Así como aseveró en su declaración después del asesinato del líder xinca Exaltación Marcos Ucelo en marzo del año en curso, la empresa negó que los incidentes en el departamento de Jalapa estén relacionados con su proyecto.

Según la declaración de la Tahoe Resources, la detención de su gerente de seguridad en Guatemala Alberto Rotondo fue simplemente a raíz del ambiente de ánimos exacerbados y por “reportajes imprecisos” de los medios de comunicación en cuanto a lo ocurrido el sábado 27 de abril.

Hasta la fecha, no se ha pronunciado la empresa sobre la captura de Claver Alarcón Lemus en relación con la muerte de Eduardo Camacho, agente de la Policía Nacional Civil. Según se informa, Alarcón Lemus es empleado de la Tahoe Resources en Guatemala. Tampoco se pronunció sobre el Estado de Sitio.

Aunque no es accionista acreditada, logró entrar en la reunión anual de accionistas Lisa Barrett, estudiante de derecho internacional e integrante de la junta directiva de varias organizaciones sociales, incluyendo Lawyers Rights Watch Canadá y el Centro Canadiense de Políticas Alternativas (CCPA).

En ningún momento se mencionó la resistencia comunitaria, la violencia, las capturas de empleados, ni el Estado de Sitio, apuntó. No obstante, al terminar la reunión de accionistas, Barrett distribuyó los folletos de la MJA con información al respecto.

Al consultar la información, muchos accionistas reaccionaron con sorpresa, dijo.

A todas las denuncias y declaraciones difundidas por organizaciones guatemaltecas de derechos humanos, indígenas y otras, el miércoles se sumaron dos declaraciones internacionales dirigidas, específicamente, a la empresa y sus accionistas, en vista de la reunión corporativa ayer.

Alerta Minera Canadá y la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (Nisgua) difundieron una alerta para los accionistas de la Tahoe Resources sobre la “inversión peligrosa”, declarando que el proyecto El Escobal no tiene licencia social.

“Es probable que el conflicto y la violencia persistirán si se sigue imponiendo el proyecto minero sin el consentimiento comunitario”, señala el documento con fecha de 8 de mayo.

El mismo día, Amnistía Internacional publicó una Declaración Pública sobre el Proyecto Escobal de la Tahoe Resources, urgiendo a la empresa que reconozca las crecientes preocupaciones relacionadas con el proyecto minero.

“Amnistía Internacional se preocupa por la mina de Tahoe Resources en Guatemala porque ha habido muchas tensiones sociales en la comunidad porque entre la población hay descontento por la mina,” dijo Fiona Koza, quien trabaja para la organización en temas de empresas y derechos humanos.

“No se han escuchado sus preocupaciones y no se les han consultado de manera adecuada,” señaló, con respecto a las comunidades afectadas.

Después de dos horas, ya terminada la reunión empresarial, se dispersó el plantón. Aunque no fue multitudinaria, dijo Munarriz que tienen impacto esas actividades.

“Yo creo que es importante que haya gente, no importa uno, dos o tres, pero es importante que la gente traiga el mensaje de lo que pasa en otra parte del mundo para que la gente en Canadá tenga conciencia,” apuntó.

Al otro lado de Canadá, en Toronto, hubo una manifestación el 2 de mayo frente a la reunión anual de accionistas de la Goldcorp, casa matriz de la Entre Mares y la Montana Exploradora y propietaria del 40 por ciento de las acciones de la Tahoe Resources.

Está prevista una acción similar para hoy en Toronto, frente a la reunión anual de accionistas de la HudBay, la cual fue casa matriz de la Compañía Guatemalteca de Níquel entre 2008 y 2011. Actualmente enfrenta la HudBay un juicio en Canadá por acusaciones de violación sexual, daños y perjuicios, y el asesinato de Adolfo Ich Chamán en 2009 en Izabal.