El proceso que se instruye en los tribunales de Guatemala en contra del expresidente de la República, Alfonso Portillo, a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero durante su gobierno, ha llegado a una etapa crucial, pues han salido a luz interesantes revelaciones sobre que tal acusación carece de fundamento, y que todo podría ser el resultado de una persecución política.
Ayer hubo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad, como parte de la apelación promovida por el exgobernante ante la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia declarando sin lugar un amparo interpuesto en contra de la extradición.
Uno de los defensores del expresidente, el abogado Gabriel Orellana, fue entrevistado horas más tarde en Radio Nuevo Mundo, en donde expresó que el Tratado Bilateral entre Estados Unidos y Guatemala no contempla el lavado de dinero como un delito extraditable. Además, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en que se basa la petición en referencia, tiene una reserva de Estados Unidos en el sentido de no proceder contra ese tipo de delitos.
Adicionalmente, el exmandatario ha sostenido que esa Convención entró en vigor posteriormente a la fecha en la que supuestamente él habría cometido la infracción penal que se le atribuye.
Esa Convención fue aprobada en Mérida, México, en diciembre del año 2003 y entró en vigor el 14 de diciembre del año 2005, cuando el expresidente ya había concluido su período de gobierno (Año 2000 al 2004). De conformidad con la Constitución de Guatemala, la ley no tiene efecto retroactivo, por lo que la Convención no podría aplicarse en este caso.
El abogado Orellana dijo que la duda razonable que suscitó el voto razonado emitido por el magistrado Mynor Franco de la Corte Suprema de Justicia al señalar que sí procedía el amparo, bastaba para que cualquier tribunal tratara de establecer el principio básico sobre que “todos tenemos derecho a una sentencia apegada a Derechoâ€.
Puntualizó que el pedido de extradición se presentó violando los tratados internacionales y la Constitución de EUA, por lo que la detención del expresidente Portillo es completamente ilegal. Conforme la opinión de connotados abogados norteamericanos, este asunto puede ser desestimado en los tribunales de Estados Unidos por no estar dentro de su jurisdicción.
El jurista criticó el papel de los representantes del Ministerio Público de Guatemala, pues han tergiversado las normas legales. Con ironía, señaló que “el que paga los mariachis pide las cancionesâ€, al recordar que el donante más grande de fondos para el Ministerio Público es Estados Unidos.