La excusa de que no se puede cumplir con la ley y divulgar el nombre de los financistas porque “ellos no desean que se sepa” es una clarí­sima muestra de cómo desde ahora, antes de que lleguen al poder, imponen sus condiciones a los candidatos y pasan sobre la ley con tal de lograr sus objetivos. Dicen los polí­ticos que los que les apoyan financieramente no quieren que se divulguen sus nombres “para evitar represalias”, pero no explican cuáles podrí­an ser esas represalias.

El sistema está podrido a partir de ese contubernio entre polí­ticos y financistas. Si la ley dice que se tiene que explicar el origen de los fondos de campaña, no hay excusa que valga. Las represalias que puede tomar el Gobierno pueden ir desde acciones fiscales contra contribuyentes hasta el retraso en el pago de los contratos que esos mismos financistas tienen con el actual gobierno, pero ello no puede esgrimirse como argumento y justificación del velo de misterio con el que se envuelve el tema del origen de los recursos que se usan para hacer proselitismo.

Lo menos que el ciudadano tendrí­a que saber antes de emitir el sufragio es a quiénes va a favorecer con su voto, porque ya sabemos que no es únicamente al candidato al que beneficia con el sufragio, sino principalmente a los que durante todo un perí­odo presidencial tendrán patente de corso para enriquecerse usando los recursos del Estado.

A Guatemala le saldrí­a mil veces más barato que el Estado sufrague los gastos de campaña polí­tica de los candidatos, lo que además serí­a más democrático, en vez de tener que poner a todo el aparato público a trabajar para beneficio de los financistas que se hartan durante cuatro años con las contrataciones que hacen sin control ni medida. Somos los guatemaltecos los que terminamos pagando con creces la inversión de esos empresarios y miembros del crimen organizado que se convierten en los verdaderos amos del paí­s. Y, como decimos, no esperan ni a que su candidato llegue al poder porque ya desde ahora le dan órdenes y le impiden que divulgue quiénes son bajo pretextos puramente pendejos que lo único que persiguen es evitar el escrutinio público para cuando les asignen obras o les hagan compras.

Su poder es mayor que la letra muerta de la ley. Hoy ordenan silencio sobre sus aportes para no “sufrir represalias” y mañana ordenarán silencio sobre los trinquetes para que puedan gozar tranquilamente del dinero que amasan como compensación por su disposición de aportar dinero a la campaña polí­tica del caballo ganador. Y todaví­a tienen el descaro de decirle, a eso, democracia.

Minutero:
Ocultar a financistas 
es requisito preciso 
pues si no divulgan las listas 
pueden robar más macizo