Apenas el 14 de los corrientes, los que seguimos creyendo en los principios de libertad, fraternidad e igualdad recordamos la efeméride de la Toma de la Bastilla, lo que tiempo después constituyó el símbolo para conmemorar la Revolución Francesa. Lástima que nuestros funcionarios desconocen u olvidan frecuentemente hechos como el mencionado, porque recordarlo les permitiría tener presente que hace ya mucho tiempo dejaron de tener validez las actitudes monárquicas de reyes quienes con su corte poco les importaba el sentimiento popular o las reacciones que pudieran provocar aquellos asuntos que de una u otra manera les afectara.

Eso de poner en riesgo nuestra estabilidad económica y financiera endeudando al Estado a niveles altamente peligrosos debiera motivar a nuestras autoridades para que antes de elaborar cualquier iniciativa de ley sobre la materia, proporcionaran a la población la información más completa y detallada de las causas o motivos que la impulsan. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Estado poco o mucho le adeuda a los proveedores por productos o servicios prestados hay que detallarlos, identificando claramente sus montos, causas y si la entrega fue hecha a satisfacción, incluso a quienes lo recibieron, no sin antes que la entidad fiscalizadora haya dictaminado favorablemente en cuanto a su justificación, cuantía y legalidad.

En otras palabras, solo a manera de ejemplo, si se le adeudan mil quetzales a un proveedor de maíz, el pueblo tiene el sobrado derecho de saber para qué fue adquirido, la cantidad exacta y su precio, si fue recibido a satisfacción, como las constancias respectivas que lo garanticen. Claro está, si en el momento de adquirir los productos y servicios no se cumplieron por cualquier circunstancia los requisitos legales, también debe informarse las causas o razones que impulsaron a los empleados y funcionarios públicos a tomar las mismas y finalmente, la misma información antes dicha a grandes rasgos debe complementarse con las medidas disciplinarias que debieran tomarse para evitar que se vuelvan a repetirse las anomalías observadas si es que las hubo.

Como habrá podido apreciar el estimado lector con lo antes expuesto, no se trata de nada muy difícil, ni mucho menos imposible de satisfacer. Tan solo son lógicas informaciones a las que toda la población tiene el sobrado derecho de conocer y no porque estemos hablando de unos pocos centavos sino de muchos miles de millones de quetzales, sino porque a nadie más que a los guatemaltecos nos va a tocar pagarla también, a nuestra familia y se prolongará hasta a nuestros descendientes. Se comprende y entiende que a la Junta Monetaria, al Congreso y otras  entidades podrá corresponderles dar su consentimiento pero, sabiendo que el dinero no es propiedad de los funcionarios y por respeto y condescendencia al pueblo ¿no es a él a quien debe enterarse del uso de los fondos públicos y su exacto destino?