En el arranque oficial de la campaña electoral es importante abordar el tema de las famosas campañas negras y sobre el tono que debiera prevalecer a lo largo de la contienda para que la misma pueda ser edificante desde el punto de vista cívico y de fortalecimiento de la democracia. Hemos estado acostumbrados a presenciar campañas poco propositivas y orientadas más que nada a la destrucción del adversario porque indudablemente es mucho más fácil centrar la estrategia en bajarle el cuero a alguien que en enaltecer las bondades del propio proyecto, sobre todo si en el fondo no hay mucha sustancia para trasladar a la población.
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Nuestra falta de una auténtica conciencia política hace que las campañas electorales se manejen con eminentes criterios de mercadeo publicitario en el que se apela a los sentimientos de la gente y la mezcla de una candidatura que se presenta como capaz de enfrentar cualquier problema y que al mismo tiempo descalifica a todos los adversarios, ha sido generalmente efectiva en cuanto a la captación de un electorado que no es demasiado exigente ni asume el papel que le corresponde en cuanto a entender que una elección genera un mandato y que esa es la pieza esencial de la democracia. Un mandato que si es general y etéreo nunca podrá ser en realidad exigible porque el mandante, en este caso el pueblo, no tiene claro el contenido de las instrucciones giradas mediante el voto al mandatario.
Y todos pretendemos una campaña propositiva, concreta y que aterrice en cuanto a la oferta y, sobre todo, en cuanto a cómo poder hacerla. Eso se interpreta como la característica esencial de una campaña limpia, para diferenciarla de lo que es campaña negra. Sin embargo, creo que existe un error conceptual al respecto, porque hablar claro y llamar a las cosas por su nombre no puede nunca entenderse como un gesto destructivo ni como simple descalificación. No podemos pretender superar problemas y corregir errores si no tenemos ni siquiera la entereza de hablar de esos temas y nos conformamos con discursos blandengues que se orientan a alimentar sentimentalismos populares.
En Guatemala tenemos problemas estructurales serios que se traducen en la incapacidad de las instituciones para atender las demandas de la población, sobre todo en cuanto a la necesaria inversión social para promover el desarrollo humano y garantizar la seguridad de las personas. No señalar esas deficiencias estructurales es como obviar el tema de la corrupción y dejarlo pasar para no herir sensibilidades. Guatemala es un país que no tiene un sistema que promueva la transparencia y hace que las finanzas públicas sean parte de un arca abierta que invita a todos a pecar. Guatemala es un país con deficiencias institucionales que alimentan expresiones de la población para actuar por su propia cuenta en busca de una mal entendida justicia que lejos de mejorar las condiciones de seguridad agrave el peligro en que todos vivimos.
Intuyo que el gobierno actual se ha beneficiado del guante blanco que hay para tocar la realidad nacional, pero ello es poco edificante en términos de entender cómo está el país y cuán deterioradas sus instituciones. Si los políticos no abordan el colapso del Estado con seriedad y lo ejemplifican, ni soñemos con la posibilidad de entrarle en serio al proceso de reforma que nos hace falta. Y hablar sobre deficiencias, abordar el tema de las corrupciones en la administración de los recursos públicos y la falta de control así como las enormes carencias institucionales no es, ni por asomo, campaña negra o campaña destructiva.