Son muchos los políticos latinoamericanos que utilizan, por no decir manosean, el término democracia que no es otra cosa que los poderes políticos residen en el pueblo para ejercerlo directa o indirectamente. Por ello la figura presidencial es el Jefe de Estado y ejerce las funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo, por un período definido, teniendo entre sus funciones principales cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que nos rigen. Lamentablemente, por lo general, después de alcanzar con toda clase de artimañas esa posición, se pasan a la monarquía (poder en una sola persona) o a la aristocracia (gobierno de una minoría) y se ponen a hacer lo que les da la real gana.
Les importa un comino lo que dictan las leyes y ay de aquél que ose contradecirlos, porque entonces alegan que no los dejan trabajar o que sus opositores están desestabilizando o complotando contra el gobierno legítimamente constituido. ¿Tradición o mala costumbre? Creo que las dos cosas. Hemos conocido de todo un poco, incluso a quienes con buenas intenciones se dejan convencer o a los que el círculo que los rodea los hace violentar el estado de derecho, volviendo a utilizar las artimañas de siempre para lograr sus pérfidos objetivos.
El derrocamiento del presidente Manuel Zelaya de Honduras es útil para insistir que nada bueno resulta de estar retorciendo la ley para favorecer sus particulares intereses. De nuevo presenciamos un caso más de quien en vez de estarse dedicando con mayor ahínco a hacer un «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo» se les calienta la cabeza para buscar la tan ambicionada reelección, pasándose sobre quienes se pongan enfrente y de paso, sobre la misma Constitución que la prohíbe. De ahí las consecuencias por todos conocidas, causadas, originadas o provocadas por ellos mismos y no sólo por «gorilas oscurantistas» como peyorativamente les llaman, en vez de reconocer como hombres de honor el error cometido.
No cabe duda pues, que el que «siembra tormentas cosecha tempestades» y para evitarlas, con todo y los daños y perjuicios que todos paramos padeciendo, debiéramos instituir el soberano derecho a revocar el mandato presidencial conferido al ciudadano que no haya cumplido con sus funciones, deberes y obligaciones después de los dos primeros años del mandato conferido. No, la iniciativa no trata de inventar nada, sino tan sólo imita a los pueblos más avanzados que el nuestro, que sabiendo de la pata que cojean los malos políticos aprovechados de siempre, los obliga a sujetarse a lo que el pueblo disponga porque al fin y al cabo en él radica la soberanía. Ya es hora de ser serios, formales y creativos para enmendar nuestros propios errores. No acudamos a chillar puerilmente a los organismos internacionales para que nos acuerpen ¡hagámoslo nosotros mismos!