La llamada Constitución Plurinacional fue redactada y aprobada por una Asamblea elegida por voto universal, y luego refrendada con el 61.43 % de los votos válidos el 25 de enero, cuando se registró una participación ciudadana sin precedentes del 90 por ciento.

Despachos de prensa de la agencia Reuters señalan las principales caracterí­sticas de la nueva Constitución, que define a Bolivia como «Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomí­as». Su forma de gobierno es democrático, participativo, representativo y comunitario.

El Estado se proclama independiente de credo religioso, reconociendo la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones, declarando como lenguas oficiales el castellano y todos los idiomas de los pueblos indí­genas y se asumen como principios ético-morales de la sociedad antiguos mandatos originarios del paí­s.

En lo que atañe a la organización del Estado, a los clásicos poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial se agrega el Electoral. El Congreso nacional pasa a llamarse Asamblea Legislativa Plurinacional, compuesta por cámara de diputados y senadores. La Cámara baja se mantiene con 130 miembros, la mitad de los cuales elegidos por circunscripciones uninominales y la otra mitad por listas departamentales dependientes de las candidaturas presidenciales; mientras que el senado aumentará de 27 a 36 miembros, cuatro por cada departamento, y sus miembros se elegirán por listas departamentales dependientes, también, de las candidaturas presidenciales. Para ser diputado o senador se requiere contar con 18 años de edad.

Respecto al Organismo Ejecutivo, se incorpora la segunda vuelta electoral y la reelección inmediata por una sola vez, cuyo perí­odo es de cinco años. Para ser presidente o vicepresidente se requiere tener 30 años de edad. El vicepresidente pasa a ser parte del Ejecutivo, aunque mantiene la presidencia de la Asamblea Legislativa.

En lo referente al Organismo Judicial, a la par de la justicia ordinaria se reconoce la justicia comunitaria, que rige en las comunidades campesinas e indí­genas y se aplica sólo a sus miembros, en tanto que los integrantes del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional son elegidos por voto universal, ya no por el Congreso. En el Tribunal Constitucional está representada la justicia comunitaria.

Se reconoce por primera vez las autonomí­as de departamentos, regiones especiales y territorios indí­genas, y miniparlamentos autónomos, con capacidad legislativa. El texto enumera las atribuciones de los gobiernos autónomos, preservando para el Gobierno nacional áreas clave como relaciones internacionales, seguridad, defensa, comunicaciones, manejo de los recursos naturales y polí­tica agraria.

Aunque se define el papel rector del Estado sobre la economí­a, se reconoce la coexistencia de regí­menes económicos y de propiedad estatal, comunitaria, privada y social-cooperativa; pero los servicios básicos (agua, energí­a eléctrica, teléfonos) son declarados derechos humanos, de igual manera como se prohí­be el latifundio, de modo que la propiedad agrí­cola no podrá ser mayor a 5 mil hectáreas, pero se respetan propiedades mayores preexistentes que cumplan funciones productivas determinadas por la ley.

Los recursos naturales renovables y no renovables son de carácter estratégico, de suerte que los hidrocarburos y los minerales sólo podrán ser explotados bajo la dirección del Estado, directamente o con participación de empresas privadas nacionales o extranjeras mediante contratos de prestación de servicios, y se prohí­ben bases militares extranjeras.

El pueblo boliviano ha escogido su camino libremente.

(Romualdo Tishudo le dice a su novia: -¿El beso que te di no te hace suspirar por otro? La chica responde: -Claro que sí­ pero anda de viaje por Bolivia).