La finalización del pago del IETAAP, la negativa a discutir una reforma fiscal progresiva y la evasión, pondrán en aprietos a la próxima administración para cumplir sus planes de gobierno, porque el presupuesto del Estado es insuficiente.

Diversos sectores sociales han señalado que la actual polí­tica fiscal en Guatemala no le permite al Estado cumplir con una serie de obligaciones constitucionales relacionadas con la vida y el desarrollo de todas las personas. La ejecución de la inversión social, en temas como salud y educación, requiere de millones de quetzales que deben percibirse de los impuestos.

Los Acuerdos de Paz estipularon que para el año 2000, la carga tributaria en nuestro paí­s debí­a alcanzar el 12 por ciento del Producto Interno Bruto. La meta no se cumplió en la fecha estipulada y se dio un plazo de dos años más. Sin embargo, en la actualidad, no se ha alcanzado el objetivo y se ha señalado que la carga impositiva es inadecuada para responder a las necesidades de la población.

Ana de Molina, ex ministra de Finanzas Públicas, aseguró que aún es insuficiente la cantidad de recursos financieros con que cuenta el Estado para cumplir con sus mandatos constitucionales. «Si bien ha habido un aumento de recursos en quetzales, en términos reales la carga tributaria es menor», subrayó De Molina.

Por su parte, Edgar Balsells, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, aseguró que se han registrado pocos avances en materia tributaria. «Ha sido una polí­tica muy conservadora y poco vinculada al desarrollo. El marco deberí­an ser los Acuerdos de Paz», indicó Balsells.

Para las personas consultadas, existen dos planteamientos fundamentales sobre el tema fiscal que deberí­a abordarse durante esta contienda electoral: la manera en que se obtendrán los recursos y cómo se invertirán.

Pese a que el tema tributario es fundamental para asegurar el desarrollo social y la obtención de los recursos destinados a la inversión, hay quienes consideran que no se aborda de manera eficiente por temor a sectores que se oponen a la discusión sobre los impuestos, señala en un comunicado el Colectivo de Organizaciones Sociales, COS.

«Pareciera que el tema ausente es el fiscal, quizá porque en el año electoral esto va asociado a un costo polí­tico», dijo Ana de Molina. «Alcanzar una polí­tica fiscal que responda a las necesidades del paí­s ha sido un camino difí­cil. Las diferentes posturas entre sectores sociales y privados no han logrado concretar una propuesta que garantice mayores ingresos al Estado» explicó.

Mara Luz Polanco, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, señaló que «el principal obstáculo que se presenta es la oposición del empresariado a pagar impuestos»; pese a los grandes esfuerzos continúan los altos í­ndices de evasión, aseguró Polanco.

Existen dos propuestas diferenciadas para la polí­tica fiscal. Por una parte, se encuentra la elevación de los impuestos directos y estipular una mayor tributación para quienes más ganan. Edgar Balsells, del ICEFI, dijo que es importante trabajar sobre los impuestos directos como el ISR, por ejemplo. «Serí­a desastroso abolir este tributo como se ha propuesto», subrayó.

La otra postura se refiere a lograr una mayor recaudación de los tributos y combatir la evasión fiscal y el contrabando. Ana de Molina asegura sobre este punto que no es conveniente subir las tarifas sino garantizar una mejor recaudación. «Tiene que haber claridad que indique si la agenda de recaudación implica la eliminación de privilegios», afirmó De Molina.

Mara Luz Polanco señaló que al no lograr un mayor financiamiento proveniente de los impuestos, el Estado se ve obligado a considerar otras alternativas que terminan afectando con mayor fuerza a la economí­a guatemalteca. «Es necesaria una mayor participación ciudadana para velar por la buena utilización de los recursos públicos, para no acudir a la otra fuente que tiene el Gobierno de conseguir recursos que es la deuda, y que al final de cuentas, es más cara y la paga toda la población.» subrayó Polanco.

El próximo gobierno que asuma el 14 de enero de 2008 se encontrará con un agujero fiscal millonario ya que el Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz, IETAAP, perderá vigencia el próximo 31 de diciembre. Este impuesto aportó más de dos mil millones de quetzales durante el año pasado y hasta el momento no tiene sustituto.

Lizardo Bolaños, del CIEN, aseguró que no es necesario involucrarse en una discusión sobre el aumento de los impuestos o la mejorí­a en la recaudación: «lo importante es convertir a los tributos extraordinarios en pagos constantes desde el sector privado» señaló.

Según el último informe del ICEFI, para el año 2006, los impuestos generaron un ingreso tributario del 11.8% en relación al Producto Interno Bruto. El Impuesto Sobre la Renta aportó un 3.3%, mientras la carga tributaria indirecta alcanzó el 8.5%, siendo el IVA el tributo que más recursos genera.

Los Acuerdos de Paz señalan que la polí­tica fiscal es fundamental para el desarrollo sostenible de Guatemala, ya que podrí­a permitirle incrementar la productividad del trabajo y la competitividad de la economí­a.