Yo creo que el sueldo nominal del Presidente no es el problema, puesto que con menos transparencia, lo mismo o más se embolsaban anteriores gobernantes que recurrí­an al manejo de partidas secretas para ajustar su sueldo. Y no estoy hablando de las partidas confidenciales que fueron prohibidas por la Constitución con la reforma que se hizo en tiempos de Ramiro de León Carpio, sino de aquellos sobresueldos que empezaron a salir entonces de las transferencias que se hací­an al Ministerio de la Defensa, convertido así­ en caja chica de la Presidencia por el carácter secreto de los fondos del Ejército. Es mucho más importante todo lo que significa el tráfico de influencias que permite un enriquecimiento ilí­cito sin parangón, porque resulta que en Guatemala no hay negocio público que no deje la olla untada a favor de los de la foto, es decir, de los funcionarios y de quienes tuvieron la «gentileza» de financiar la campaña polí­tica y por ello se convierten en los favorecidos por la mayorí­a de los contratos que suscribe el Estado. En otras palabras, el problema no está en la magnitud y el tamaño del sueldo del Presidente de la República, sino en los negocios que se hacen a la sombra del Estado. Negocios que son dirigidos en todos los gobiernos por un allegado que es el que tiene que dar el visto bueno y que decide a quién sí­ y a quién no. Pero lamentablemente también en eso existen diferencias de rasero, puesto que no todos los que han ocupado esa estratégica posición de control de los negocios han sido expuestos públicamente. Aquí­ en La Hora hemos insistido en que de nada sirve la alharaca contra la corrupción si no es para promover cambios profundos en el sistema administrativo vigente que la alienta y favorece. De hecho se puede afirmar que ese sistema está diseñado para hacer negocios y si no que lo digan los que firmaron el contrato para abastecer de gasolina a la Policí­a Nacional Civil y dejaron que se perdieran más de cuarenta millones de quetzales que algún largo bien conectado se clavó pero no sin antes salpicar a los funcionarios que tomaron la decisión. Así­ como para que no sea absolutamente necesario y urgente decretar la reserva de información relacionada con la PNC, si de plano que todos los negocios tienen esa misma caracterí­stica. No digo que, como dijo Espada, el sueldo de Berger y Colom sea «satisfactorio para el sistema financiero del paí­s». Pero tampoco me parece que ese asunto sea juzgado hoy con mayor severidad que el que se mostró cuando al principio del gobierno de í“scar Berger se tomó la decisión de establecer un alto salario bajo el argumento de que ello transparentarí­a los ingresos del Presidente y le obligarí­a a pagar impuestos por lo que percibe. Si entonces se guardó silencio, no hay razón para armar ahora el alboroto.