En su viaje a otra nación, hombres y mujeres enfrentan graves peligros. Es un trayecto difí­cil donde la corrupción es parte del proceso de traslado, con acoso permanente de autoridades, la acción casi impune de delincuentes miembros del crimen organizado, así­ como atravesar rí­os y desiertos donde mueren personas cuyos nombres quedan en el olvido. Quienes llegan a ciudades o centros agrí­colas en Estados Unidos no van en busca del sueño dorado. Lo hacen para trabajar y deben adaptarse a diferentes formas culturales. Son seres humanos ejerciendo su derecho a emigrar.

La polí­tica migratoria estadounidense contra la migración laboral se ha endurecido y el medio utilizado para capturar indocumentados es a través de redadas. Su implicación básica es la deportación. No importa a quién se detenga y no se hace ninguna distinción para personas que han permanecido por décadas o breve tiempo en centros laborales de Estados Unidos. Un alto volumen de deportados se encontraban en Estados Unidos desde su infancia. Asimismo, al llevarlos de inmediato a un centro de detención, no pueden disponer de sus ahorros y tienen graves problemas para sumir decisiones con relación al futuro de sus familiares. Ante este hecho, hombres y mujeres enfrentan a diario la constante amenaza de ser detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses y desarrollan sus actividades con miedo opresivo, no enví­an a sus hijos a los centros escolares, temor, angustia e incertidumbre, lo cual afecta su calidad de vida.

La deportación de personas es parte de las leyes migratorias de cada paí­s, pero su aplicación significa desarraigar a una persona de la nación receptora. En ella encontraron una opción de vida y, con su trabajo, pagan impuestos coadyuvando en el desarrollo económico y social del paí­s receptor. Esta realidad, como parte de una polí­tica de control, tiene el aspecto negativo de excluir lo relativo a un plan de regularización migratoria. La deportación forzada les anula a hombres y mujeres la posibilidad de ser productivos.

Quienes ejecutan la deportación no asumen la presencia de aspectos sociales como abandonar a la esposa, hijos y otros familiares. Se trata de deportarlos por su calidad de indocumentados pues no han infringido ninguna ley. Guatemaltecas y guatemaltecos no han causado ningún problema de desestabilización polí­tica en Estados Unidos y tampoco son terroristas. Cubren con su trabajo la oferta laboral en el sector servicios que los estadounidenses no quieren realizar.

Los medios de comunicación de Guatemala destacan en editoriales, reportajes y notas, el diario incremento de la deportación forzosa -ví­a aérea- de guatemaltecos y guatemaltecas desde Estados Unidos informando que al concluir el presente año el número de deportados será de 29 mil personas. Retornan en forma forzada a su patria donde escasean las oportunidades para trabajar y en Guatemala enfrentarán nuevamente la realidad: no existen las condiciones económicas para incorporarse al mercado laboral. Esta situación los obliga a meditar la idea de volver a intentar el regreso porque en su paí­s retornaron a la pobreza.

En Estados Unidos diferentes organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, como es el caso de Human Rights Match, señalan que en 2007 las deportaciones forzadas separaron a más de 1.6 millones de familias. Pero también es importante destacar los problemas que origina la deportación en las naciones receptoras y emisoras. En el primer caso, los centros laborales -en el campo y en las ciudades- resienten el ausentismo ante el temor de las redadas, así­ como la ausencia de trabajadores y trabajadoras con experiencia en el desarrollo de sus actividades, En el segundo, se reducen las remesas familiares para paí­ses que las necesitan

No es deportando como el gobierno de Estados Unidos puede enfrentar el problema de la migración laboral indocumentada. No se puede detener la emigración laboral de esta manera porque, en sus paí­ses de origen, los gobiernos no presentan alternativas a trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones de vida. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, señaló: «Nos preocupa que no haya una polí­tica integral que incorpore a los inmigrantes guatemaltecos al mercado laboral» y con la deportación «queda demostrado que no se ha hecho nada ante las autoridades estadounidenses a favor de los connacionales». La tendencia de la emigración laboral es a reproducirse. Aplicar adecuados planes de financiamiento para incorporar trabajo en el área rural y urbana de Guatemala es el mejor medio para que ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer el derecho a permanecer en su patria.