Fue signatario de los Acuerdos de Paz por el Ejército de Guatemala en 1996. Inició su carrera política visible en 2001, con la fundación del Partido Patriota, que hace coalición con otras dos agrupaciones para formar la Gran Alianza Nacional en 2003.

Participa en las elecciones de 2007 como candidato presidencial y luego de quedar en segundo lugar hace oposición al gobierno de Álvaro Colom. Ahora, gobierna al país. Otto Pérez Molina cumple un año al frente del Ejecutivo, acompañado por Roxana Baldetti.

Otto Pérez Molina asumió la Presidencia de Guatemala el 14 de enero del año pasado. Un año después, el Gobierno del Cambio parece tener las mismas prácticas que sus predecesores, según expertos que evalúan temas relevantes de su administración.

La promesa de combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública no se materializa, mientras que la seguridad alimentaria, la lucha contra la inseguridad y el abordaje de los focos de conflictividad son tareas con una ruta cuesta arriba.  

NI IDEA PARA ABORDAR LA CORRUPCIÓN
Según Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, entidad que promueve temas de transparencia y combate a la corrupción en el Estado, el balance a este respecto es “desfavorable”, debido, en primer lugar, “porque no se definió una política seria de transparencia y combate a la corrupción”.

Al final de cuentas, “se escogió un camino que resultó ser inconstitucional; muy débil jurídica y políticamente”. Además, según el activista, “no hay coherencia interna en el Gobierno”, pues aunque no mencionó quiénes, señaló que “se observa que hay funcionarios haciendo actos corruptos con total impunidad”.

Uno de los elementos que se califican como “cuestionables”, es la promoción de la aprobación de leyes tales como la de Telecomunicaciones, que extiende el tiempo para uso del espacio radiofónico para quienes ya tienen frecuencias; un acto poco transparente sería el otorgamiento del usufructo a una empresa de interés español en la finca de la Empresa Portuaria Quetzal.

Algunos funcionarios asumieron su cargo sin acreditar el finiquito que extiende la Contraloría General de Cuentas, entre estos el ministro de Salud, Jorge Villavicencio. Acto que también sería inconsistente con el discurso de transparencia.

La distribución de los fertilizantes sería uno más de los temas que se han convertido en uno de los señalables de poca transparencia, pues aunque el Gobierno convocó a varias empresas para realizar el reparto de esa ayuda social, según Marroquín, el proceso “estuvo repleto de irregularidades”.

Entre los “conflictos de interés que un presidente debe evitar”, por reputación e imagen, está el hecho de haber viajado en un avión privado propiedad del consorcio Multi Inversiones, junto a empresarios guatemaltecos, a la Cumbre de las Américas, en Colombia, en el mes de abril.

“El problema con este gobierno, al igual que con todos los anteriores, es que no tiene idea de qué hacer con este tema, y lo que se ve es que hay ausencia de capacidad de propuesta”, sostuvo Marroquín. En este caso, habría “un discurso de doble moral”, pues cada gobierno critica al anterior por la corrupción, “pero hace lo mismo”.

La sugerencia sería definir una política para la transparencia, porque “lo que hay son ocurrencias, como crear una comisión que no tiene poder, recursos ni facultades; de eso ya tenemos suficiente experiencia de que no funciona: es un discurso pero en la realidad no pasa nada”.

EXPLOTARÍAN LAS ÁREAS PROTEGIDAS
Para evaluar el tema ambiental, la experta Magalí Rey Rosa afirma que la lectura debe hacerse desde la perspectiva de la designación de una funcionaria que “se ha caracterizado en su carrera profesional por servir a las compañías mineras”, en referencia a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Roxana Sobenes. Según Rey Rosa, Sobenes “hizo estudios de impacto ambiental para los mineros” y, cuando fungió como Viceministra de esa entidad, sugirió a la Compañía Guatemalteca de Níquel que “partieran” un estudio de impacto ambiental, para comenzar los trabajos en un área, que abarca el uso de Río Dulce como paso industrial.

Por estos casos, “se ve claramente la inclinación de la Ministra y de quien la designa como parte de su gabinete”, en referencia a Pérez Molina. En este caso, el cónyuge de la funcionaria es empresario minero, según la ambientalista, y juntos habrían hecho el estudio de impacto para la extracción de hierro de las arenas de la playa del Pacífico, tema que surgió en 2010.

“No he visto una sola política ni avance real en materia de conservación o cuidado ambiental”, aseguró la experta. Incluso, en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) que Rey Rosa considera que era una de las entidades que quedaba con una clara visión de qué es el cuidado ambiental, Erick Cabrera, director de Conap, de quien también se dudaría de las calidades profesionales para dirigir la dependencia, “está despidiendo a mucha gente que no les va seguir haciendo el juego”.

Conap fue una institución que hizo trabajos de defensa de las áreas protegidas, pero “ahora lo están desmantelando (…) este gobierno está desmantelando la poquísima institucionalidad ambiental que teníamos”, agregó la activista.

Lo más preocupante que señala Rey Rosa, es que “si le siguen el juego a la iniciativa privada, lo que van a terminar haciendo es abriendo las áreas protegidas para su explotación”, que sería algo que ya se habría anunciado, al inicio del Gobierno, de parte de la funcionaria responsable del medio ambiente del país.

TENSA RELACIÓN CON INDÍGENAS
Álvaro Pop, analista político independiente, dijo que la relación del Gobierno con las organizaciones indígenas es “tensa”. Una de las razones, es que no hay un abordaje claro del tema, sobre hacia donde deben manejarse las ventanillas indígenas o nombramientos adecuados en la institucionalidad del Estado.

Funcionarios en entidades como Codisra y de la Defensoría de la Mujer Indígena continúan en sus puestos, a pesar de que ya concluyó su mandato, según el experto.

El año 2012 habría sido “complejo” por la negociación que se dio luego de la Marcha Campesina del mes de marzo, cuyos temas fueron escuchados por el Gobierno pero que aún no muestran resultados concretos. El tema se dejó en manos del Sistema de Diálogo Nacional y Desarrollo Rural, que sería limitante porque ambas entidades no tendrían capacidad operativa ni presupuestaria.

Aunque en la iniciativa de reforma constitucional que se presentó al Congreso de parte del Ejecutivo se incluía el tema indígena en cierta medida, fue un gesto importante pero insuficiente, porque se hacía un reconocimiento de las poblaciones que integran el país y avanzaba en los temas constitucionales, pero hubo elementos que quedaron fuera de la propuesta. “Era una situación muy ambivalente, porque obviamente las organizaciones esperan más”, comentó el analista. La deuda del Estado de Guatemala con la población indígena “es muy grande”, por lo que la propuesta fue insuficiente.

Parte de las limitantes del Gobierno durante este primer año, fue la dificultad de incluir indígenas dentro del Gabinete de ministros, que habría dado falta de operatividad concreta al diálogo y posibilidad de articulación.

“Hay una necesidad muy grande de hacer una revisión general del Estado en torno al tema de pueblos indígenas”, que compete a los tres poderes, argumentó Pop, porque lo que sucede en el Ejecutivo “es una resonancia” de lo que ocurre en el Congreso, donde la agenda está “absolutamente abandonada” y el canal que se busca para hacerla avanzar es directamente con el Presidente.

Las lecciones aprendidas y sobre las que sí se avanzó, fue en no involucrar al Ejército en cuestiones de movimientos sociales, afirmó el analista.

LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CONTINÚA
A pesar de que en el país, la tasa de homicidios lleva tres años disminuyendo, no sería el análisis correcto para conocer si la violencia aumentó o disminuyó, según Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack.

“El tema de seguridad es un tema de percepción”, enfatizó la experta, por lo que “en cuanto a percepción, la violencia no ha disminuido”. Si se empieza a analizar otro tipo de  delitos, como los que atentan contra la propiedad –robo de celulares y vehículos, por ejemplo–, afectan la percepción, porque ocurren en cada esquina. “Esos delitos se han incrementado y, por lo tanto, esa percepción de inseguridad no ha disminuido”, agregó.

Las fuerzas de tarea, graduación de policías y la creación de la Academia de Oficiales de la PNC no serían suficientes si la Policía no trabaja en conjunto con el Ministerio Público. Desde esa perspectiva, Mack considera que “sí hay una mejora sustancial”, pues se mejoró la coordinación en la desarticulación de algunas redes criminales que luego tienen que ir a la cárcel.

El talón de Aquiles en el área de seguridad, a decir de Mack, son las prisiones, de donde saldría el 80 por ciento de las extorsiones. Por lo tanto, no serviría de mucho desmantelar bandas de extorsionistas, de roba carros y celulares si desde las cárceles emergen extorsiones y sicariato. “Por eso no se logra determinar si realmente hay una disminución (de la inseguridad) o no y más bien, la percepción no ha cambiado”.

Para avanzar en el tema de seguridad, también se debe crear un sistema penitenciario adecuado –que incluye un sistema de rehabilitación– que en Guatemala no existe, porque únicamente se tiene un sistema carcelario, donde hay reos hacinados, dijo Mack. “El hecho de hacer cárceles no necesariamente contribuye a disminuir la violencia, si antes no se controla, por ejemplo, el ingreso de celulares”.

EL PAÍS DE LAS AGENDAS
Para el área económica, el Gobierno relanzó la Agenda Nacional de Competitividad, pero Guatemala “es el país de las agendas”, dijo el economista Edgar Balsells. Según el experto, no hay resultados en el área industrial.

Durante 2012, la parte productiva del país no habría mostrado mayores resultados. “Hubo cero dinámica”, comentó Balsells, incidido por baja productividad del trabajo, porque “no se está creando empleo de calidad” y, por el contrario, se continúa expulsando gente a la informalidad.

Incluso hay fábricas que cierran, como la Tabacalera y solo se usa al país como un depósito fiscal. “Si el país no genera valor agregado industrial, quiere decir que el modelo está fregado”, comentó.

Según el Gobierno, durante 2012 se crearon 112 mil empleos, pero a criterio del experto consultado, no existe “una buena encuesta” que permita verificarlos. “No hay una sola encuesta –sobre empleo– que sea confiable”, aseveró. El INE se ocupó para otros temas y “no hay una sola encuesta de empleo clara”, y las que hay, “nadie las cree”.

Balsells sostuvo que se mantienen condiciones macroeconómicas, pero “no hay una dinámica ni modelo de crecimiento claro”. Se ignora si el modelo sería minero, turístico, agroexportador o de otro tipo. “No es que haya que ser negativos pero esa es la realidad”, afirmó.