La utilización de ONGs en el país como recurso para encargar la realización de proyectos también es vía fácil para canalizar dinero del Estado; sin embargo, no hay garantías para seguirle la huella a este capital y genera dudas de transparencia.
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Ha sido cuestionado y existen sospechas de supuesta vinculación de diputados, entre ellas con la Fundación Dulce Refugio, que recibirá en 2009 uno de los mayores aportes: Q18 millones.
La legisladora Nineth Montenegro presentó un consolidado de cuarenta y tres ONGs y otras entidades que recibirán aportes del Estado por Q577 millones 175 mil. Frente al calvario del servicio público de pasajeros, por ejemplo, resalta la futura entrega de Q160 millones para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos.
Cien millones de quetzales para el Registro Nacional de la Personas; Q10 millones para el Parlacen que no tiene decisiones vinculantes; Q8 millones 775 mil para Asociación Guatemalteca de Telecomunicaciones, que también ha despertado duda pública.
Asimismo aparecen otros nombres generales sin definición, como: Asoprode, Incopas, Urim Tumi que suman juntas Q7 millones 500 mil.
Autoridades lo confirman
El mismo contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, ha venido manifestando que el crecimiento de ONGs se mezcla con la alarmante dificultad que tiene esa institución para auditar cada centavo trasladado del presupuesto público y si fueron o no bien invertidos.
El jefe del bloque oficial, diputado Mario Taracena, no ha tenido ningún empacho en declarar públicamente que el uso de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), puede ser comparando con un asalto a mano armada.
Otra preocupación nacional, surgida en la última semana, es la noticia que son más de diez mil ONGs que existen en el país, algunas fantasmales e imposible de llegar hasta sus entrañas.
Supuestamente algunas estarían siendo utilizadas por los mismos funcionarios públicos para facilitar la movilización de los recursos sin manchar mano y sí obtener riqueza fácil.
El Estado ha caído en la debilidad e impotencia para detener ese deslave de organizaciones que siguen floreciendo beneficiadas con el dinero público y parece que fueron creadas para quedarse, opinan los expertos.
Esos malos ejemplos han surgido desde el Organismo Ejecutivo y el Organismo Legislativo, aprobados por la mayoría de bancadas a través del presupuesto 2009, pero que se prevé impactará en los impuestos de los ciudadanos, consideran analistas políticos.
Mientras tanto organizaciones surgidas a raíz de las negociaciones y firma de la paz hace doce años, claman por presupuestos dignos para ir cumpliendo sus metas.
Hay diferencias
ílvaro Pop, dirigente indígena, dice que no se debe generalizar y sí desmenuzar ante qué clase de ONGs estamos. Políticamente hay tres clases de ONGs: fundaciones que se desarrollan con la iniciativa privada, que atienden situaciones particulares y que hacen grandes sorteos, grandes rifas.
ONGs, que son asociaciones con financiamiento estatal tratando de resolver necesidades de la población y aquellas organizaciones del movimiento social que son financiadas por la cooperación internacional.
Pop coincide con los expertos que es necesario fijar la mirada sobre qué ONG está recibiendo dinero del presupuesto nacional, qué compromisos se adquirieron y si tienen capacidad y experiencia para ejecutar obras, porque hay duda de malos manejos y corrupción cuando tratan de evadir la Ley de Contrataciones del Estado.
Reacciones por ONGs
Juana Batzibal, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), opina que en el Congreso benefician a unas organizaciones para contraponer criterios de otras que siguen luchando por la exigencia de justicia.
Las ONGs existen de nombre pero no de acciones concretas para mejorar el nivel de vida de la población, mientras a aquellos grupos que trabajan contra la impunidad, el genocidio, o para resolver problemas de la tierra nunca les dará recursos económicos por la confrontación que crean, dice.
«Estrategias que tienen, entre comillas, los padres de la patria de buscar formas para que se beneficien siempre de los recursos económicos de nuestro pueblo», resaltó Batzibal.
Ricardo Sagastume, representante de la iniciativa privada, destaca que la figura de la esposa del Presidente de la República no existe jurídicamente, pero está trastornando la institucionalidad del país, cometiendo excesos que se podrían pagar caros nacional e internacionalmente.
«Se percibe que cualquier persona puede entrometerse en las competencias de los ministerios o hacer presión a los diputados, esa mala imagen puede restarle confianza a Guatemala frente a sus socios internacionales», analiza Sagastume.
Reafirma que es inmoral que la bancada oficial haya insistido en aprobar el dinero para ONGs, porque es inmoral disponer de tributos que los guatemaltecos están confiando a este gobierno que trata de desviarlo cuando son fondos que se pudieran utilizar en salud, seguridad, educación, carreteras y caminos vecinales.
«Ojalá que se haga la revisión de todas las ONGs tal como han ofrecido el Presidente y el Vicepresidente de la República, y que no quede en el olvido la promesa», termina.