Estoy convencido que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2011 tiene que aprobarse. Comprendo que no es el mejor, que las asignaciones a algunas instituciones o sectores es insuficiente, pero es mejor aprobarlo que mantener el presupuesto 2009 vigente. Algunas de las razones son las siguientes:
Diputado Unionista
Derivado de la no aprobación del Proyecto de Presupuesto 2010, continuó vigente para dicho ejercicio fiscal el presupuesto de 2009, aprobado mediante el Decreto 2-2008 del Congreso de la República, por un monto inicial de Q49,723.1 millones, ampliado por el Decreto 26-2009 en Q308.8 millones con recursos de préstamos externos, con lo que el presupuesto de apertura 2010 ascendió a Q50,031.9 millones.
Al 31 de julio del ejercicio fiscal 2010, el presupuesto vigente ascendió a Q51,303.2 millones, derivado de las ampliaciones aprobadas por el Decreto 8-2010 por Q860.0 millones a favor del Registro Nacional de las Personas -Renap-; por el Decreto 11-2010 por Q111.3 millones para los Ministerios de Economía (Q31.3 millones) y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Q80.0 millones); y por el Decreto 19-2010 por un monto de Q300.0 millones provenientes de donaciones externas.
Para atender las necesidades del país se realizó una nueva ampliación presupuestaria por Q1,300.0 millones, dejando un presupuesto vigente de Q52,603.2 millones. Si se aprueba la emisión de bonos por US$210.0 millones, eso representará una ampliación adicional por Q1,680.0 millones, dejando el presupuesto vigente de Q54,283.2 millones.
De no aprobarse el Proyecto de Presupuesto 2011, continuará su vigencia el presupuesto del ejercicio fiscal 2009. Esta situación generará inconvenientes administrativos y técnicos en la ejecución presupuestaria, dificultará el manejo del déficit fiscal y casi hará imposible la fiscalización del presupuesto. Los ingresos tributarios del presupuesto vigente 2009, en vigencia para 2010, son superiores a las estimaciones de 2011. Esto implicaría un desfinanciamiento desde el inicio del ejercicio fiscal como producto de la escasez en la recaudación. Los recursos de préstamos y donaciones del presupuesto vigente 2010 terminaron su período de desembolso. Para poder viabilizar la ejecución presupuestaria sería necesario realizar transferencias presupuestarias para incorporar los recursos que corresponden al ejercicio fiscal 2011. No obstante, podría retrasarse la ejecución de la inversión pública. Las colocaciones de bonos del Tesoro fueron autorizadas para financiar gastos en 2010. Al perder vigencia tales recursos, no podría financiarse oportunamente programas de inversión. También se experimentarían dificultades en el cumplimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública.
La mayor parte del gasto de funcionamiento tendría que ser objeto de readecuación por medio de transferencias presupuestarias, con el fin de poder ejecutar y para dar cumplimiento al pago de sueldos y salarios, bienes y servicios, insumos, aportes de leyes específicas y para el pago oportuno de la deuda pública.
No obstante, conviene mencionar que derivado de que los ingresos del presupuesto vigente 2010 son mayores a las previsiones de 2011, el Estado no contaría con los recursos necesarios para el cumplimiento de compromisos de gasto, especialmente en el caso de los aportes constitucionales dentro de los cuales el más afectado sería el situado constitucional a las municipalidades. Los aportes IVA-Paz también mostrarían una disminución.
El listado geográfico de obras de 2009 permanecería vigente para 2011, lo cual obligaría a las unidades ejecutoras a efectuar una reprogramación que permita la ejecución de las obras correspondientes; sin embargo, la necesidad de tal reprogramación podría atrasar la ejecución del presupuesto de inversión.
Finalmente, el presupuesto vigente de 2010 para los servicios de la deuda pública es significativamente menor a las necesidades presupuestarias de 2011. De no aprobarse el presupuesto, se comprometería seriamente el cumplimiento del calendario de pagos de los servicios y amortización de préstamos y bonos del Tesoro, situación que tendría repercusiones serías en la calificación de riesgo-país.
En el caso del presupuesto de egreso es importante mencionar que éstos al final son consecuencia de decisiones políticas, pero que tienen que considerar el marco legal y los preceptos técnicos vigentes: Los montos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización de los gastos correspondientes, éstos deben efectuarse en la medida en que se van cumpliendo los objetivos y las metas programadas.
El no aprobar el presupuesto 2011 significa poca capacidad de fiscalización, uso indiscriminado de transferencias, opacidad en las normas presupuestarias, falta de certeza en las asignaciones legales y constitucionales, atraso en obras, atraso en pagos de sueldos y salarios, en fin, un desastre presupuestario que alcanzará hasta el nuevo gobierno que asuma en el año 2012.
PD. Reitero mi solidaridad con Carlos Vielmann, Erwin Sperisen y Javier Figueroa.