El espíritu de los constituyentes cuando establecieron la obligación del Congreso de aprobar el Presupuesto General de la Nación era la búsqueda de controles efectivos y el establecimiento de los pesos y contrapesos propios del sistema democrático en el que corresponde al Organismo Legislativo determinar todo lo relacionado con los ingresos y egresos del Estado, de conformidad con el principio de legalidad.
Sin embargo, la práctica ha eliminado esos controles porque el Congreso aprueba un presupuesto que es meramente una referencia toda vez que luego el Ejecutivo realiza a su sabor y antojo las transferencias de fondos que considera pertinentes y sin necesidad de consulta, no digamos aprobación, del Legislativo. En resumidas cuentas, la aprobación termina siendo un ejercicio inútil y únicamente instrumento de chantaje para que los diputados obtengan prebendas, porque luego esa aprobación no vale un comino.
Hay que entender que para el Gobierno tiene una enorme ventaja que el sistema funcione así, puesto que se limitan a formular una propuesta de presupuesto en la que lo que más cuenta es el monto global y no la asignación de partidas específicas, sabiendo que las partidas serán modificadas conforme lo vayan necesitando. Y la práctica tiene origen cabalmente en que se usaron malas artes para discutir en el Congreso transferencias en el pasado y se cayó, como siempre, en el chantaje, lo que hizo que se buscara este procedimiento que, en esencia, es inconstitucional.
La pregunta del millón es, entonces, a quién le confiamos en materia de presupuestar los ingresos y egresos del Estado. Desafortunadamente ni el Congreso ni el Gobierno, es decir ni el Legislativo ni el Ejecutivo, gozan de confianza entre la población y por lo tanto existe tanta indiferencia ciudadana respecto a un tema crucial para la legalidad. Lo mismo da Chana que Juana a la hora de que se discuta y regule el gasto público porque de todos modos el trinquete está más que cantado en uno u otro lado.
Ahora los diputados, a instancias del Partido Patriota, están tratando de presionar para que se establezcan candados de manera que el gasto tenga que responder a lo aprobado por el Congreso y los cambios deban ser aprobados por el Legislativo. Si eso fuera para mayor control, enhorabuena, pero es de preocuparse si se trata de un elemento para garantizar mayor capacidad de chantaje como ha ocurrido previamente.
Insistimos que, legalmente, el Congreso debiera aprobar el presupuesto y sus modificaciones. Al respecto no caben otras formas de interpretar la Constitución, pero entre que los diputados o el Presidente dispongan la forma en que se manejan los recursos públicos, la verdad es que no hay gran diferencia.