El caso de los cadáveres calcinados que aparecieron la semana pasada en la finca La Concha, junto a un carro con placa salvadoreña que habí­a sido desmantelado, es una muestra fehaciente e irrefutable de cómo opera parte de las fuerzas de seguridad. Los agentes, con una brillante hoja de servicios en la lucha contra el crimen organizado, recibieron información confidencial de que en ese vehí­culo se transportaban narcotraficantes y por esa razón detuvieron a sus tripulantes. Se trataba de agentes especializados dentro de la estructura de la Policí­a Nacional Civil y tras la captura, tendrí­an que haber buscado las pruebas en el automóvil y revisar las pertenencias de los inculpados, para luego proceder legalmente contra ellos, dando participación al Ministerio Público para consignarlos a los tribunales de justicia.

En cambio, los llevaron a un apartado lugar donde desmantelaron el vehí­culo, interrogaron a las ví­ctimas y luego les dieron muerte y los calcinaron junto al automóvil. Y ello no obstante que los supuestos narcotraficantes se identificaron como diputados del Parlamento Centroamericano y para los agentes no hubiera sido difí­cil, si siguen los procedimientos legales, constatar la veracidad de las credenciales que les fueron mostradas.

¿Cree el Presidente de la República que fue la primera vez que esos cuatro policí­as actuaron al margen de la ley, matando a los supuestos narcotraficantes y quemando las evidencias? Si el mandatario tiene la idea de que fue un caso aislado, único y extraordinario, obviamente él tiene una impresión equivocada, porque todo apunta a que ese hecho fue uno más de los tantos que hemos presenciado a lo largo de los últimos años en los que aparecen cadáveres en circunstancias variadas bajo la explicación de que las muertes son producto de pleitos entre diferentes pandillas criminales.

Se sabe que uno de los agentes implicados, tras haber dado muerte a los parlamentarios y al piloto del vehí­culo, tranquilamente se fue a recibir clases a la universidad y estuvo tres horas «atendiendo su carga académica». Quien ha atropellado a un perro en la calle sabe que la muerte del animal deja una sensación de zozobra e intranquilidad tremenda, no digamos para alguien que se pueda haber visto implicado en la muerte de una persona. Pero matar a cuatro seres humanos, quemarlos en forma brutal y luego continuar con sus actividades con la más absoluta normalidad, es una clara muestra de que esa gente estaba totalmente acostumbrada a tal proceder.

Señor Presidente, abra bien los ojos para darse cuenta que la impresión equivocada la tiene usted. Vea que en Guatemala hay dentro de las fuerzas de seguridad grupos que operan al margen de la ley con total impunidad. Y es que de no haber sido porque «plancharon», como se dice en el argot policial, ese crimen nunca hubiera pasado de las páginas de nota roja de los medios, llenas todos los dí­as de casos iguales que no cobran relieve simplemente porque las ví­ctimas no son diputados.