Cuando el gobierno del ingeniero ílvaro Colom empezó a negociar los votos de los diputados a cambio de privilegios como la oportunidad de que pudieran beneficiarse con obras en cada uno de los distritos, incluyendo la influencia para decidir cuáles empresas ejecutarían los trabajos, dijimos que esa ruta era sumamente peligrosa porque de hecho se estaba poniendo precio a los votos y que la experiencia vivida en tiempos de Serrano nos permitía advertir que, tarde o temprano, las exigencias se volverían insoportables e imposibles de cumplir.
El pasado lunes el diputado Nery Samayoa, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo sin el menor rubor ni empacho a los jefes de bloque que si no se resolvía el estancamiento de las leyes que le urgen al ejecutivo para mejorar sus ingresos fiscales, el Presidente de la República podría tomar la decisión de desintegrar el Congreso de la República. Lo dijo con la frescura de quien anuncia que se tiene que cambiar de calzoncillo y fuera de dos diputados que rechazaron la amenaza, el resto guardó silencio. No sabe uno qué es peor, si la burda y descarada amenaza formulada por Samayoa o el silencio de sus colegas que no protestaron.
Hoy el Presidente del Congreso responsabilizó, de manera absoluta, al diputado Samayoa por el desaguisado, dejando al margen al presidente Colom, no obstante que Samayoa fue categórico al decir que sería el Presidente de la República quien tomaría la decisión de mandar al diablo a los diputados actuales si no se encarrilan. Ciertamente el diputado de la UNE no se ha distinguido por enorme brillantez ni extraordinario talento, pero por grandes que sean sus limitaciones, una afirmación de ese calibre no puede haber sido producto de su propia iniciativa sino que tiene que ser reflejo de lo que se ha comentado en algunas instancias y que llegó a oídos del subjefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza.
En realidad lo que ha ocurrido es culpa del oficialismo porque cuando escogió la senda del chantaje, comprando votos a cambio de obras para que las ejecuten las empresas vinculadas con los diputados, marcó la ruta de colisión que ahora se hace evidente. Y bajo la enorme presión que significa la merma de los ingresos fiscales para cumplir con obligaciones como el pago de sueldos del sector público y sin capacidad de recurrir a financiamiento interno por la prohibición que pesa sobre el Banco de Guatemala, pareciera que la desesperación se convierte en mala consejera. No porque disolver el Congreso nos vaya a hacer rasgar las vestiduras, sino porque la alteración del orden constitucional le puede resultar demasiado cara.